TRASCENDIDOS: LÍOS MUNICIPALES…
- Los conflictos municipales siguen a la orden del día.
Por lo visto, la falta de transparencia y rendición de cuentas avivan el descontento dentro y fuera de las administraciones municipales.
En San Pablo del Monte, vecinos de la Comunidad de San Bartolomé han demandado al alcalde Raúl Tomas Juárez Contreras que realice una auditoría al Presidente de Comunidad y al Comité de Agua Potable.
En Yauhquemehcan, el síndico Juan Fredy Hernández García le ha solicitado a la presidenta municipal María Anita Chamorro Badillo la Cuenta Pública Municipal correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2023.
La tesorera de Tlaxco, Alicia Cuamatzi Vázquez, ha requerido a la síndica Fabiola Juárez Ríos los archivos digitales de todas las operaciones fiscales.
Y el alcalde de Tepeyanco, Francisco Ixtlapale Pérez, ya informó al Órgano de Fiscalización Superior que la retención de las participaciones que le corresponden a la Presidenta de Comunidad de Xalcaltzinco se debe al incumplimiento de la comprobación del gasto.
A veces la promesa de cambio se cumple para dejar las cosas igual.
MESAS DE SEGURIDAD…
El pasado jueves, en lo que supuso una sesión de mero trámite en el Congreso local, el diputado panista José Gilberto Temoltzin abordó de nueva cuenta la situación de seguridad en el estado.
Fue el martes de la semana previa cuando diputadas y diputados de Morena, Panal, PRI, PRD y PAC fijaron posicionamiento por un ardid mediático que involucró al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Ramón Celaya Gamboa.
Tuvieron que pasar 10 días para que el legislador hiciera planteamientos que coinciden con los que el propio Celaya Gamboa expuso en su comparecencia ante las y los integrantes de la actual legislatura local casi dos meses atrás
Propuso la creación de la “Mesa por la Solidaridad, Desarrollo y la Paz de Tlaxcala”, y llamó a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación y Concertación Política a avalar su planteamiento.
Por lo visto, los diputados locales no quitan el dedo del renglón, y realmente desean incorporarse a los trabajos que emprende el gobierno estatal para contener la inseguridad.
NUEVO CÓDIGO…
Semanas atrás, la diputada María del Roció Adame Muñoz, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, envió al Congreso de Tlaxcala copia del Acuerdo por el que se exhorta al Congreso de la Unión, a efecto de que se expida a la brevedad posible el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Antes, la Diputada Adriana Terrazas Porras, Presidenta del Congreso del Estado de Chihuahua, hizo lo propio respecto al Acuerdo LXVII/PPACU/0557/2023 II P.O., por el que se exhorta a las 32 Legislaturas de las Entidades Federativas, a fin de que consideren solicitarle al Congreso de la Unión que, en tanto no expida la legislación única en materia procesal civil y familiar, devuelva dicha facultad a las legislaturas de los Estados.
Sin embargo, tales comunicaciones perdieron su razón de ser, al menos para el Legislativo local, luego de que la Cámara de Diputados federal aprobara el dictamen a la minuta que expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, para homologar los procedimientos a nivel nacional.
Ahora, el sistema de impartición de justicia en materias civil y familiar será adversarial, democrático y oral, y transitará de una diversidad de legislaciones procesales hacia la instauración de un modelo único, que priorizará la resolución del fondo del conflicto por encima de las formalidades procesales, además de contemplar el enfoque social y aprovecha las herramientas tecnológicas como medio para mejorar la accesibilidad a la justicia.
De esta manera, priorizará la oralidad y el efectivo acceso a la justicia pronta, completa, imparcial y expedita, garantizando el apego a los derechos humanos. Ya se verá cómo funciona en los hechos.
