QUIEREN LIMITAR AMIGUISMO Y COMPADRAZGO EN LA ASIGNACIÓN DE PLAZAS DE BASE EN GOBIERNO
- Formulan iniciativa para que los nombramientos de servidores públicos de base tengan el visto bueno de los Órganos Internos de Control de las instituciones de que se trate para llevar a cabo su contratación.
Por José Luis Ramírez Romero
La diputada Brenda Cecilia Villantes Rodríguez (Morena) presentó al Pleno una adición al Artículo 10 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, con el propósito de que los nombramientos de servidores públicos de base tengan el visto bueno de los Órganos Internos de Control (OIC) de las instituciones de que se trate.
De este modo, se pretende que tales instancias verifiquen el cumplimiento de los requisitos necesarios para que los servidores públicos ocupen plazas de base para llevar a cabo su contratación.
A decir de la legisladora, prevalecen actos de corrupción a la hora de obtener un empleo en el ámbito de la administración pública, a través del amiguismo y los compadrazgos, situación que evidencia que jefes y empleados utilizan el poder para beneficiarse de ciertas concesiones, lo que implica el abuso de los puestos y de los recursos públicos, “generando una ventaja de quien comete el acto indebido que vulnera la debida función pública que le fue confiada”.
En este contexto, indicó que, en diciembre de 2022, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) emitió un reporte relacionado con los OIC, el cual reconoce que éstos son instrumentos disponibles en México para prevenir la corrupción, como lo establece la fracción III del Artículo 109 de la Constitución Política federal, por lo que deben establecerse en las instituciones públicas del orden federal, estatal y municipal, “con el fin de prevenir, corregir e investigar actos que pudieran derivar en responsabilidades administrativas, así como dar seguimiento al ingreso, egreso, manejo y aplicación de los recursos públicos”.
Según el INEGI, en 2019, los OIC de las instituciones federales y estatales contaron con 10 mil 819 servidores públicos, de los cuales 49.7% corresponden al ámbito federal y 50.3% al estatal.
Sin embargo, “entre las administraciones públicas estatales destacan Nuevo León, Michoacán, Chihuahua, Ciudad de México y Tlaxcala por tener menos de una persona adscrita al OIC por cada mil servidoras y servidores públicos”.
Bajo este escenario, Villantes Rodríguez estimó necesario aprovechar los OIC para reducir los riesgos de asignaciones de puestos indebidas dentro de la administración pública estatal.
Para efectos de estudio, análisis y dictamen correspondiente, la propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y Previsión Social y de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.
