PROPONEN QUE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS NO ACCEDAN A TRÁMITES Y SERVICIOS PÚBLICOS

• Buscan crear registro local de obligaciones alimentarias; su inscripción en este padrón limitaría el goce de derechos como ocupar cargos públicos y de elección popular, incluso acceder a licencias de conducir o realizar trámites notariales.
• Plantean modificar denominación de comisiones ordinarias; establecerían las de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, y de Ecología, Medio Ambiente y Recursos Naturales.
• Dan por concluidos expedientes parlamentarios relativos a la suspensión de mandato al cargo de Cuarta Regidora del Municipio de San Lucas Tecopilco, y la revocación de las actas de cabildo del Ayuntamiento de Mazatecochco.

Por José Luis Ramírez Romero

Durante la sesión ordinaria de este martes, el diputado Juan Manuel Cambrón Soria (PRD) presentó al Pleno del Congreso del Estado una amplia reforma para hacer eficaz, en su connotación jurídica, el derecho de los menores de edad a recibir alimentos, así como la obligación de quién debe proporcionarlos, mediante la creación de un registro local de obligaciones alimentarias.

Con ello, se condicionaría a los deudores alimentarios morosos el acceso a servicios públicos y la posibilidad de realizar trámites, así como la posibilidad de ocupar cargos públicos y de elección popular, tal y como ya se prevé constitucionalmente.

De acuerdo al legislador, uno de los derechos para garantizar la protección de las niñas, niños y adolescentes es el de procurarles alimentos, de ahí que, para asegurar que quienes deban proporcionárselos conforme a ley realmente lo hagan, es necesario establecer en Tlaxcala un registro local que atienda los lineamientos del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

Así, se contaría en el estado con un padrón que permitiría difundir información respecto de quienes mantienen la calidad de deudores alimentarios morosos, derivado de una sentencia emitida por una autoridad judicial por haber dejado de cumplir sus obligaciones correspondientes.

Y es que, al inscribirlas en dicho registro, no únicamente se confirmaría su incumplimiento de pensiones alimenticias, sino que además les impediría mantener sus derechos de ciudadanía, como ser electas u ocupar algún cargo público, y acceder a trámites y servicios públicos, como obtener licencias o permisos para conducir, tramitar escrituras por los notarios públicos relativas a compraventa de bienes inmuebles, o la constitución o transmisión de derechos reales, incluso que un  juez, oficial o encargado del Registro Civil pueda hacer de conocimiento si alguno de los contrayentes se encuentra inscrito en el registro de obligaciones alimentarias, y el estatus que guarda, en caso de solicitudes de matrimonio.

La iniciativa plantea modificaciones y adiciones a la Constitución Política del Estado, y a las leyes de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Orgánica del Poder Judicial, de Notariado, y de Comunicaciones y Transportes, así como al Código Civil, a efecto de armonizar la legislación local en la materia con lo hecho por el Constituyente Permanente y el Congreso de la Unión para coadyuvar a la protección de las niñas, niños y adolescentes en materia del derecho a recibir alimentos.

Previamente, la diputada Maribel León Cruz (PVEM) propuso actualizaciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y al Reglamento Interior del Congreso del Estado, a fin de cambiar la denominación de las comisiones ordinarias de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por las de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, y de Ecología, Medio Ambiente y Recursos Naturales.

De este modo, dijo, se pretende precisar y complementar los temas de su competencia, acorde a las necesidades actuales del estado y de la administración pública estatal, para que el desempeño de la función legislativa sea más eficiente, de cara a los problemas sociales y la demanda de atenderlos bajo una perspectiva de respeto a los derechos humanos. 

La iniciativa busca reformar la fracción XVIII y XXVII del artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; así como la fracción XVIII y XXVII del artículo 37, los incisos a), d) y e) del artículo 55 y las fracciones V y VI del artículo 62 Ter, además de adicionar el inciso f) al artículo 55 y las fracciones VII y VIII al artículo 62 Ter todos del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala.

Cabe mencionar que la Comisión de Puntos Constitucionales presentó los informes correspondientes a los expedientes parlamentarios LXIV 023/2023 y LXIV 229/2022, los cuales dio por concluidos

En el primer caso, relativo a la suspensión de mandato al cargo de Cuarta Regidora del Municipio de San Lucas Tecopilco, se dio por no presentado el escrito de denuncia y se ordenó archivar el expediente parlamentario como asunto terminado, debido a que las personas denunciantes no presentaron escrito alguno para dar cumplimiento a la prevención respecto a los requisitos de procedibilidad establecidos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Y en el segundo, relativo a la revocación de todas y cada una de las actas de cabildo del Ayuntamiento de Mazatecochco, también se tuvo por no presentada la denuncia y se ordenó archivar el expediente, debido a que los promoventes no subsanaron los requisitos que establece el artículo 23 de dicha Ley.