¿DÓNDE ESTÁN LOS DIPUTADOS DE LA 4T?
Por: José Luis Ramírez Romero
Los diputados que dicen formar parte del proyecto de la 4T están mandando un mal mensaje. De cara a los primeros 100 días de gestión del primer gobierno de Morena en Tlaxcala, no se han comprometido con la gobernadora Lorena Cuéllar, ni tampoco han hecho suya la línea política del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Hay dos temas que pintan de cuerpo completo esta situación: la vigencia del Fondo de Resarcimiento Municipal en el Presupuesto de Egresos 2022 y la solicitud de comparecencia de integrantes del gabinete de seguridad estatal. En ambos casos, no se ha notado su respaldo a la titular del Poder Ejecutivo. Parece que van juntos, pero no acompañados.
Los diputados de Morena, Panal, PES, PT y PVEM no han fijado un posicionamiento contundente respecto al llamado “Fondo Moche”, a pesar de que el presidente López Obrador se ha pronunciado en contra de esta clase de asignaciones presupuestales que abren la puerta a la corrupción.
El coordinador parlamentario de Morena, Rubén Terán, ha declarado en entrevistas que rechaza dicho fondo, pero deja abierta la posibilidad de que se mantenga el siguiente año cuando dice que Morena solo agrupa a ocho diputados. Si hacemos cuentas, los legisladores emanados de la coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala” suman 17, por lo que con igual número de votos se frenaría cualquier intento de aprobar una bolsa millonaria de recursos en la que los diputados tendrían mano para asignarla a obras municipales en los distritos que representan.
Recordemos que la controversia no radica en el hecho de asignar presupuesto a proyectos de infraestructura municipal, sino que la selección de proyectos y apoyos se realiza exclusivamente bajo criterios designados por el Congreso del Estado, lo que implica una facultad extralegal de parte de los diputados, ya que ésta no está contemplada en la Constitución de Tlaxcala.
Rubén Terán dice bien: los diputados están para legislar, no para hacer obras. Su congruencia se verá probada en la medida en que construya los acuerdos necesarios para frenar el fondo, y defienda en tribuna esta posición, sobre la cual, por cierto, no se han pronunciado otros diputados de la 4T.
Respecto a la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Gobierno, promovidas por el perredista Juan Manuel Cambrón y el petista Miguel Ángel Covarrubias, respectivamente, vale la pena analizar el escenario de la situación de seguridad en Tlaxcala, y las estadísticas del gobierno federal ofrecen esa posibilidad.
Al cierre de septiembre, se registraron 410 presuntos delitos, con lo cual Tlaxcala se ubicó como el segundo estado con la incidencia delictiva más baja del país, sólo después de Campeche, que reportó 147. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el primer mes de gestión del actual gobierno se cometieron 29.4 presuntos delitos por cada 100 mil habitantes, muy lejos del promedio nacional, que fue de 132.3 por cada 100 mil habitantes.
Respecto al mes de agosto, y como consecuencia de la transición de gobierno, la incidencia delictiva tuvo un aumento de 4.1%; sin embargo, para octubre, se observó una tendencia distinta, pues esta descendió 0.7%. Es decir, al corte del segundo mes de gobierno de Lorena Cuéllar, Tlaxcala se mantuvo como el segundo estado más seguro del país, con 407 delitos denunciados, lo que implicó la comisión de 29.2 delitos por cada 100 mil habitantes.
En ambos casos, los valores son marginales en comparación a los promedios del país, que fueron de 178 mil 007 presuntos delitos y 138 ilícitos por cada 100 mil habitantes, ubicando al estado entre los cinco con menos hechos delictivos denunciados ante las instancias de procuración de justicia, junto con Yucatán, Campeche, Chiapas y Nayarit. De hecho, mientras en la República Mexicana los delitos repuntaron 4.3%, en la entidad bajaron casi un punto porcentual, siendo la cuarta disminución más significativa entre las 32 entidades federativas.
Si el interés de los legisladores es hacer un balance del trabajo del actual gobierno en esta materia, no es correcto hacer comparaciones con las cifras de septiembre y octubre de 2020, porque corresponden a otra administración. Si lo que quieren es conocer los criterios de contratación del depuesto Secretario de Seguridad Ciudadana y del resto del gabinete estatal, deberían revisar sus formas para no evidenciar la intención de dañar la reputación del gobierno.
A 90 días del cambio de gobierno, resulta poco prudente desdeñar avances significativos y magnificar escándalos. Esa política es la de la clásica oposición.
Por lo anterior cabe preguntar: ¿dónde están los diputados de la 4T?, ¿quién de ellos sale a defender el proyecto en Tlaxcala?
