Coparmex Tlaxcala prioriza estabilidad y seguridad frente al «Plan B» electoral
El país requiere estabilidad política, instituciones sólidas y reglas claras que garanticen la certeza jurídica para la inversión, impulsar el dinamismo económico y ampliar la generación de empleos formales
Por: Isabel Polvo
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Tlaxcala manifestó su preocupación ante la nueva propuesta de reforma electoral conocida como Plan B, impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Para el sindicato patronal, la prioridad del estado mexicano debe centrarse en fortalecer la seguridad y el crecimiento económico, advirtiendo que cambios constantes en las reglas del juego democrático generan incertidumbre.
El argumento empresarial, es que el país requiere estabilidad política, instituciones sólidas y reglas claras que garanticen la certeza jurídica para la inversión, impulsar el dinamismo económico y ampliar la generación de empleos formales.
La dirigencia de Coparmex estatal señaló que la reciente falta de mayoría calificada en el Congreso para una reforma Constitucional federal evidencia la falta de consenso nacional para una reforma electoral.
Mediante un comunicado de prensa, la dirigencia patronal consideró que las reglas electorales inestables debilitan la confianza de los inversionistas y frenan la generación de empleos formales, además de que, las normas democráticas deben surgir del acuerdo ciudadano y no de decisiones que profundicen la polarización política.
La visión de la administración federal del «Plan B» sostiene que es una herramienta de justicia presupuestaria. El objetivo es generar un ahorro de 4 mil millones de pesos para estados y municipios.
La iniciativa de reforma electoral busca aplicar un tope máximo a los recursos y los privilegios en los congresos locales y en municipios, limitar el costo excesivo por legislador en las entidades y fortalecer la consulta popular.
En el presupuesto 2026, en Tlaxcala el Congreso recibe 408 millones 425 mil 123 y el costo por cada legislador es en promedio 16 millones 337 mil 004.92 pesos, incluye nómina de personal sindicalizado y servicios.
En comparación con los ejemplos citados por la presidencia de México, con 34.8 millones de pesos ejerce Baja California, en Colima, representa 5.1 millones por diputado, Morelos 31.8 millones por legislador y Tlaxcala se ubica en un punto medio, aunque la reforma buscaría aplicar un tope máximo que podría obligar a un ajuste en la estructura administrativa del legislativo estatal.
Mientras que, en el número de regidurías en municipios grandes como Monterrey o Puebla, son 28 y 23 respectivamente
