OpiniónPORTADA

XICOHTZINCO, EL FRACASO DE LA GOBERNABILIDAD

Por José Luis Ramírez Romero

De acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, “la gobernabilidad supone que exista un equilibrio dinámico entre las demandas sociales y la capacidad de respuesta gubernamental, de manera que las fuerzas sociales y las gubernamentales sean corresponsables en la proposición de mecanismos para identificar, definir y resolver los problemas, así como en la generación de espacios que permitan establecer un ambiente de tranquilidad, estabilidad y cooperación”.

En este sentido, el documento indica que “mantener un conjunto de circunstancias de gobernabilidad no es una cuestión unilateral, pues constituye una tarea en la que colaboran gobierno y sociedad”; de este modo, “todos los actores sociales, políticos y económicos, así como los ciudadanos, somos corresponsables en la edificación de un territorio gobernable”.

Es decir, “las condiciones de gobernabilidad no dependen únicamente del Estado o solo de la sociedad”; más bien, “la gobernabilidad es posible con base en la relación compleja y dinámica que se gesta y construye de manera constante entre los dos ámbitos”.

Bajo esta perspectiva, la administración que encabeza la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros reconoce que “deben adoptarse y aplicarse principios basados en la eficiencia y capacidad de las autoridades e instituciones públicas, en la legitimidad de su actuación con respaldo social y en favorecer una estabilidad política y económica que permita el crecimiento y el desarrollo, a fin de mejorar el bienestar de la población, en el contexto del irrestricto respeto a los derechos humanos”.

“De esta manera, la gobernabilidad crea un equilibrio en colaboración con la sociedad y con el respaldo de instituciones sólidas, confiables y capaces para resolver los conflictos y atender las demandas de los tlaxcaltecas. Solo así es posible establecer relaciones sostenibles a largo plazo entre la sociedad y el Estado, dejando atrás viejas prácticas para dar paso a la transformación del estado de Tlaxcala”.

Evidentemente, el logro de gobernabilidad, en el contexto de la democracia y los derechos humanos, exige un trabajo permanente, por parte de las autoridades, para identificar necesidades, anticipar conflictos e, incluso, reconocer errores.

Sí, la gobernabilidad es una construcción compartida resultado de la relación entre gobernantes y gobernados; sin embargo, corresponde a los gobernantes proponer soluciones a los problemas, y en todo momento, ejercer sus facultades y autoridad, para garantizar el cumplimiento de la ley.

Bajo este panorama, el caso de Xicohtzinco representa un fracaso en materia de gobernabilidad.

Está por cumplirse un año del conflicto postelectoral que impidió de origen el trabajo del actual Ayuntamiento, afectando a más de 23 mil habitantes.

Los malos oficios políticos del alcalde Luis Ángel Barroso impidieron a su administración lograr acuerdos con sus detractores, quienes le tomaron la Presidencia Municipal, entorpeciendo sus funciones.

El grupo opositor al edil, cuyo triunfo fue desconocido al ser acusado de incurrir en delitos electorales e irregularidades diversas durante su desempeño como integrante del gobierno municipal anterior, expuso sus demandas desde septiembre de 2021, ante la actual legislatura del Congreso local y la Secretaría de Gobierno de la nueva administración estatal, en reiteradas ocasiones.  No faltaron las manifestaciones en la cabecera municipal, ni en Palacio Legislativo ni en Palacio de Gobierno.

Pero el problema no era atendido de fondo, ni por los diputados de las comisiones de Puntos Constitucionales y Asuntos Municipales, ni por la oficina responsable de la política interna de la entidad, mucho menos por el presidente municipal, que vio mermada su legitimidad y, por ende, su autoridad.

Quizá la prueba más clara de negligencia, sin restar responsabilidad alguna a otras instancias involucradas, se evidenció en el Congreso local, pues desde octubre de 2021, la Comisión de Puntos Constitucionales que preside Lenin Calva Pérez, recibió el expediente parlamentario LXIV 080/2021, relativo a la solicitud de los ciudadanos inconformes para disolver el actual Ayuntamiento y nombrar un Concejo Municipal, ante la falta de condiciones de gobernabilidad, y fue hasta esta semana, por acuerdo de la Mesa Directiva que se nombró una Comisión Espacial de Diputados para sustanciar dicho caso.

Y el principal incentivo fue la presión social generada por el saldo rojo de los hechos de violencia registrados el pasado 22 de mayo en el municipio, en los cuales un joven perdió la vida y otro resultó herido, a pesar de la presencia de policías estatal y personal de Gobernación.

El fracaso de gobernabilidad en Xicohtzinco debe plantear serias reflexiones a los tomadores de decisiones. El saldo de 11 meses de confrontación social y política involucra, no únicamente la obstrucción del desarrollo municipal, sino condiciones de encono y división que laceran el tejido social.

Se dice que las cosas difíciles del mundo sólo pueden abordarse cuando son fáciles. Y la gobernabilidad implica el conocimiento y la práctica de este principio.