EN 7 AÑOS, SE DENUNCIARON MÁS DE 800 CASOS DE NARCOMENUDEO EN TLAXCALA

• Entre 2017 y 2020, este delito tuvo un crecimiento notable, al pasar de 48 a 218 denuncias.

Por José Luis Ramírez Romero

En Tlaxcala, el narcomenudeo es el más representativo de los delitos contra otros bienes jurídicos afectados, de acuerdo a las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (INEGI).

En 2021, se presentaron 186 casos de este ilícito, lo que representó una reducción del 14.7% respecto al año 2020. Sin embargo, es notable el incremento que ha experimentado este delito, que en siete años acumuló 828 denuncias.

 En 2015, se denunciaron 68 casos de narcomenudeo en la entidad; en 2016, bajó a 50; y en 2017, descendió a 48. Pero en 2018 aumentó a 107; en 2019, a 151; y en 2020, a 218.

Esta situación advierte que no se están dando las condiciones favorables para el desarrollo sano de la población, principalmente, entre los jóvenes.

En materia de estupefacientes, un diagnóstico elaborado por el gobierno estatal señala que algunos estudios muestran que la estrategia prohibicionista es ya insostenible, no solo por la violencia que ha generado, sino por sus malos resultados en materia de salud pública.

De hecho, sostiene que, en la mayoría de los países en los que ha sido aplicada, no se ha traducido en una reducción del consumo de sustancias tóxicas; además, criminaliza de manera inevitable a los consumidores y reduce sus probabilidades de reinserción social y rehabilitación.

“Desde una perspectiva estrictamente económica, el negocio principal del narco no reside en traficar con estupefacientes, sino en burlar la prohibición, ya que esta representa diversas oportunidades para agregar valor a sus productos, muy por encima de los costos reales de cultivo y producción, transporte y comercialización, el paso de fronteras y puestos de control, los sobornos a policías, funcionarios y políticos, la conformación de cuerpos armados y de estructuras de inteligencia, comunicaciones y lavado de dinero, los cuales, entre otras razones, explican el enorme diferencial entre los costos de producción de las drogas prohibidas y su precio final en los mercados; también explican los enormes márgenes de utilidad”, expone el análisis.

Para la administración estatal, la regulación de los estupefacientes actualmente prohibidos “podría incidir en una reducción de las adicciones, en una significativa disminución de los márgenes de utilidad y de base social para el narcotráfico y, por consiguiente, en una posible atenuación de la violencia”.

Por ello, se necesita “debilitar o colapsar las finanzas del crimen organizado y reducir el lavado de dinero”, y al mismo tiempo, “reducir los niveles de consumo de drogas radica en reorientar los recursos actualmente destinados a combatir su trasiego, y aplicarlos en programas masivos, pero personalizados, de reinserción y desintoxicación, lo que se traduce en reformular el combate a las drogas”.