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TLAXCALA, SIN FUNCIONARIOS SANCIONADOS POR OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS

  • Fue el único estado del país en este supuesto, pese a que 35 dependencias estatales presentaron anomalías como resultado de la aplicación de auditorías.

Por José Luis Ramírez Romero

En 2021, Tlaxcala fue el quinto estado con menos dependencias estatales observadas derivado de ejercicios de fiscalización.

Con 35 entes, se ubicó detrás de Tamaulipas (20), Colima y Oaxaca (21, respectivamente), y Michoacán (24), de acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE) 2022, a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Según el estudio, que presenta información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño de las instituciones que integran la Administración Pública de cada entidad federativa, el Estado de México fue la entidad que concentró la mayor cantidad de unidades que presentaron observaciones y/o anomalías, con 716, muy por arriba de Sonora (419), Puebla (245), Jalisco (214) y Campeche (210)

Al respecto, el CNGE refiere que en, 2021, se reportaron en total 10 mil 183 auditorías aplicadas por parte de las autoridades de control, vigilancia y/o fiscalización a las instituciones de las administraciones públicas estatales, cifra que, en comparación con 2020, indica una disminución de 5.2%.

El órgano interno de control de la institución fue la autoridad de control que aplicó la mayor cantidad de auditorías, con 6 mil 016; seguido de la Auditoría Superior de la Federación, con mil 455; y la entidad de fiscalización superior u homologada de la entidad federativa, con mil 232

Derivado de las auditorías aplicadas, 3 mil 947 unidades administrativas presentaron observaciones y/o anomalías, lo que implicó un aumento de 12.1% respecto a la cifra reportada en 2020.

Por ello, se iniciaron 50 mil 663 investigaciones por la presunta responsabilidad de faltas administrativas cometidas por las servidoras y servidores públicos adscritos a las instituciones de las administraciones públicas estatales. Además, se concluyeron 31 mil 299 investigaciones. En contraste con 2020, las investigaciones iniciadas y concluidas aumentaron 22.5% y 20.0%, respectivamente.

En paralelo, se iniciaron 11 mil 718 procedimientos de responsabilidad administrativa por parte de las áreas substanciadoras a servidoras y servidores públicos de las administraciones públicas estatales, lo que representó un incremento de 72.8% con respecto a 2020. Asimismo, se concluyeron 6 mil 014 procedimientos que, en comparación con 2020, representaron un aumento de 114.8%, y fue la Resolución de existencia de responsabilidad administrativa el tipo de procedimiento de conclusión más frecuente.

A partir de los procedimientos concluidos, 5 mil 134 servidoras y servidores públicos fueron sancionados, 99.4 % por faltas administrativas no graves (5 mil 104) y 0.6% por faltas administrativas graves (30). En contraste con 2020, hubo un aumento de 152.7% de las servidoras y servidores públicos sancionados.

En 2021, la cantidad de sanciones impuestas a las servidoras y servidores públicos ascendió a 5 mil 440, de las que 99.7 % fueron administrativas (5 mil 428) y 0.3%, económicas (16). Frente al año previo, el total de sanciones impuestas aumentó 157.7%, y la Amonestación privada de la sanción con mayor frecuencia al concentrar el 51.4%.

Hidalgo (mil 355), Estado de México (mil 012) y Michoacán (502) fueron las entidades federativas que presentaron la mayor cantidad de servidoras y servidores públicos de las instituciones de las administraciones públicas sancionados por su responsabilidad en la comisión de faltas administrativas, y Tlaxcala fue el único estado sin servidores públicos sancionados.

Cabe mencionar que mil 358 servidoras y servidores públicos fueron denunciados ante el Ministerio Público por la presunta comisión de algún delito en el ejercicio de sus funciones, esto es, 374.8% más con respecto a 2020. El Abuso de autoridad fue el tipo de presunto delito más denunciado en 2021.

Las entidades con mayor cantidad de servidoras y servidores públicos denunciados por la presunta comisión de algún delito en el ejercicio de sus funciones fueron: Jalisco (909), Veracruz (251) y Ciudad de México (66). En el caso de Tlaxcala, el criterio no aplicó al no reportar servidores públicos sancionados, aunque 35 instituciones públicas estatales tuvieron observaciones tras la práctica de auditorías.