NECESARIA, REVISIÓN PROFUNDA DE NUEVA LEY EN MATERIA DE AGUA Y SANEAMIENTO
- La redacción de la propuesta presentada recientemente en el Congreso local coloca los intereses de particulares, como industrias, constructoras o urbanizadoras, por encima del ejercicio de los derechos de la población.
Por José Luis Ramírez Romero
Federico Luis Pöhls Fuentevilla, integrante del Centro Fray Julián Garcés, consideró necesaria la revisión profunda de la Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tlaxcala, presentada recientemente ante el Pleno del Congreso local, tras estimar que su redacción actual coloca los intereses de particulares, como industrias, constructoras o urbanizadoras, por encima del ejercicio de los derechos de la población.
Recordó que, en trabajo conjunto con investigadoras e investigadores universitarios, la asociación pro Derechos Humanos y Desarrollo Local hizo un posicionamiento público hace unos días sobre las implicaciones de esta norma.
Al respecto, identificó tres grandes deficiencias en la propuesta legislativa; la primera, que no toma en cuenta el derecho al acceso al agua de calidad, pues la realidad de Tlaxcala es que la contaminación provocada por las industrias ha generado afectaciones a la salud de gran parte de la población; la segunda, que pretende desaparecer a los más de 600 comités comunitarios del agua potable, al centralizar las decisiones a través de la nueva Comisión Estatal de Agua y Saneamiento y las comisiones municipales; y la tercera, que es contraria al ejercicio de los derechos humanos al agua, al no abrir espacios de participación ciudadana ni procesos de consulta y consentimiento informado, lo que contraviene la Constitución federal y el derecho internacional.
Para Pöhls Fuentevilla, el contenido del articulado de la nueva ley advierte que la administración del agua en Tlaxcala permitirá a las industrias y empresas urbanizadoras “seguir disponiendo de toda el agua que requieran para sus procesos de producción y para la construcción de fraccionamientos”, ya que aplica la misma categoría de usuarios del servicio de agua a todos por igual, es decir, “sin distinguir responsabilidades entre usuarios domésticos, usuarios industriales, comerciales y de servicios”.
También, promueve la privatización de los servicios de saneamiento, al quitarle la responsabilidad a las industrias sobre el uso del agua en sus procesos de producción y el tratamiento y destino de sus aguas residuales, así como la sanción a quienes se manifiesten o promuevan acciones en contra de lo que esta ley pretende mandatar.
Cabe mencionar que Alejandra Méndez Serrano, del Centro Fray Julián Garcés; Alfredo Delgado Rodríguez, Coordinador del Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia 318959, y Alicia Lara Vázquez, Coordinadora por un Atoyac con Vida, remitiendo al Congreso del Estado el posicionamiento ante la propuesta de Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tlaxcala, y la Mesa Directiva instruyó turnarlo al Expediente Parlamentario LXIV 017/2023.
