TLAXCALA: LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD

Por José Luis Ramírez Romero

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los últimos resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), los cuales destacan que, al mes de marzo de 2022, de la población de 18 años y más que reside en las 75 urbes de interés para efectos de la medición, 66.2 por ciento consideró que es inseguro vivir en su ciudad.

Para el organismo autónomo, este dato no representó un cambio estadísticamente significativo a nivel nacional respecto a marzo y a diciembre de 2021, cuando la percepción fue de 66.4 y 65.8 por ciento, respectivamente. Sin embargo, “16 ciudades y demarcaciones tuvieron cambios estadísticamente significativos frente a diciembre de 2021”, ya que siete tuvieron reducciones relevantes y nueve incrementaron notablemente.

En el primer caso, hablamos de Naucalpan (con -7.9 puntos), Villahermosa (-8.5), Chihuahua (-9.9), Miguel Hidalgo (-11.1), Atizapán de Zaragoza (-11.3), Chimalhuacán (-11.3) y Chetumal (11.6). Y en el segundo, de León (+6.3); Reynosa (+8.1), Los Cabos (+8.3), Manzanillo (+8.7), Cuautitlán Izcalli (+9.7), Coyoacán (+12.6), General Escobedo (+13.3), Colima (+19.2) y Santa Catarina (+27.7).

Según el INEGI, para marzo de este año, las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en ellas es inseguro fueron: Fresnillo, Ciudad Obregón, Zacatecas, Cuautitlán Izcalli, Irapuato y Guadalajara con 97.1, 94.1, 91.7, 89.5, 87.6 y 87.1 por ciento, respectivamente. En contraste, las demarcaciones donde la percepción de inseguridad es menor fueron: San Pedro Garza García, Tampico, Piedras Negras, Mérida, Saltillo y Benito Juárez con 11.7, 20.4, 22.2, 22.4, 24.1 y 25 por ciento, en tal orden.

En escenario, Tlaxcala no tiene buenas noticias, pues mientras la percepción de inseguridad era de 49.1 por ciento al cierre de 2021, para el corte del primer trimestre de 2022 fue de 56.7 por ciento, lo que indica un aumento de 7.6 puntos. Y la lectura de este indicador se complica más si se considera que, en septiembre de 2021 era de 41.9 por ciento.

Los resultados de la ENSU invitan a una profunda reflexión sobre el escenario de seguridad pública estatal, pero también a un análisis serio en torno a las estrategias emprendidas para mitigar la inseguridad. Evidentemente, no se trata de la medición de la incidencia delictiva, es decir, la denuncia de presuntos delitos ante la Procuraduría de Justicia, sino de cómo se sienten los ciudadanos en virtud de las condiciones de protección que le procuran sus autoridades. En otras palabras, las personas no advierten que las acciones emprendidas por las autoridades les ofrezcan más seguridad.

Un elemento a considerar es que, con el fin -no oficial- de la emergencia sanitaria, se han normalizado las actividades en prácticamente todos los ámbitos, y aparentemente, el gobierno, en sus diferentes niveles, no ajustó sus acciones a esta circunstancia que, sin duda, tiene un efecto en la actividad delictiva, porque los la crisis económica y de salud que trajo la pandemia por Covid-19, agudizó las condiciones de pobreza y marginación en la sociedad.

Además, ésta hizo evidente la desatención de problemas que inciden en la percepción de inseguridad, como la violencia Intrafamiliar, la presencia de pandillas y grupos criminales, la precariedad de la infraestructura de servicios, la falta de controles para la venta de alcohol y el combate al tráfico de drogas y armas, y la escasa presencia de elementos policiacos, junto con la sensación de impunidad por deficiencias del sistema de procuración e impartición de justicia.

Ciertamente, la situación sanitaria de los últimos dos años obligó al gobierno a centrar esfuerzos en dos prioridades: proteger la vida y la economía de las personas, pero ahora se deben reajustar para generar condiciones propicias que den paso a la normalización de las actividades productivas. Y la misma ENSU da la pauta para ello.

Por ejemplo, la percepción de inseguridad en espacios físicos indica la necesidad de fortalecer la seguridad en bancos y cajeros automáticos, así como en el transporte público y las calles de mayor concurrencia, así como carreteras, mercados y centros comerciales.

Y si se considera que, en promedió, las mujeres (71.1 por ciento) tienen una percepción de inseguridad más alta que los hombres (60.4 por ciento), es claro que se debe avanzar en programas de atención a la violencia de género.

Los operativos deben dirigirse a la prevención y atención de conductas antisociales o delictivas como la venta y consumo de alcohol y drogas, especialmente en espacios públicos; el vandalismo en viviendas o negocios, la portación y uso de armas en la vía pública, el pandillerismo, y la comisión de robos y asaltos.

Asimismo, las autoridades tienen que coordinar acciones específicas para la solución de conflictos o enfrentamientos por causa de incivilidades en el entorno vecinal y comunitario, lo que exige campañas para recobrar la credibilidad y la confianza de los elementos policiales.

Finalmente, conviene advertir que, en materia de comunicación gubernamental, las autoridades estatales y municipales tienen un gran pendiente para estudiar y aprovechar las fuentes de consulta ciudadana de información sobre seguridad pública, porque a partir de estas las personas también construyen su experiencia.

Sería deseable que más fuerzas políticas y actores sociales asumieran una actitud proactiva como la del diputado panista José Gilberto Temoltzin Martínez, quien esta semana hizo un llamado al gobierno estatal para cerrar filas y construir en unidad, un pacto estatal para combatir el crimen y sus detonantes en la entidad. Resultaría penoso que los datos de la ENSU fueran utilizados políticamente para hacer de la demanda ciudadana un pretexto para atacar a los gobiernos y no para ofrecer soluciones a la gente, porque urge superar este círculo vicioso del que nadie escapa.