Estado

Tlaxcala, con una armonización legislativa en Derechos Humanos de más de 90%.

  • Aún hay rezagos para combatir frontalmente el desplazamiento forzado interno, el uso de la fuerza y la preservación de los derechos humanos en el sistema penitenciario.

Por José Luis Ramírez Romero

El Estado de Tlaxcala registra un avance superior al 90% en la armonización legislativa relacionada con la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos de 2011.

Así lo advierten los datos de la Plataforma de Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos, a cargo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Según este instrumento, Tlaxcala presentaba un avance de 90.91% en las disposiciones jurídicas derivadas de la enmienda federal, al cierre de 2018.

En la década pasada, la legislación tlaxcalteca avanzó en la aprobación de leyes que promueven el cumplimiento de los Derechos Humanos.

Entre estas, destacan la Ley de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la Ley de Protección y Atención a los Sujetos Migrantes y sus Familias, la Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura; la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de los Mismos; la Ley de Protección, Fomento y Desarrollo a la Cultura Indígena y la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación.

Sin embargo, la Plataforma revela que aún hay rezagos en términos de armonización legislativa y conformación de instrumentos normativos que permitan combatir frontalmente el desplazamiento forzado interno, el uso de la fuerza y la preservación de los derechos humanos en el sistema penitenciario.

El proceso de armonización jurídica estatal, respecto a las reformas federales, tiene un avance de 44.76% en materia de Tortura; 52%, de Desaparición forzada; 50.40%, de Personas con discapacidad; 88%, de Educación; 65.71%, de Indígenas; 60%, de Migrantes; 56.84%, de Personas Mayores; 63.64%, de Derechos de la comunidad; y 86.67%, de Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

En los dos primeros casos, la armonización implica fortalecer a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y No Localizadas, e impulsar la incorporación de una Fiscalía Especializada en Tortura.