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Reforma laboral en plataformas digitales garantiza derechos, sin afectar la flexibilidad laboral: STPS

La reforma aborda preocupaciones clave tanto de trabajadores como de empresas, como mantener la flexibilidad laboral, evitar incrementos en impuestos, respetar la libertad sindical y asegurar la estabilidad en el pago de cuotas de seguridad social

Isabel Polvo

Una reciente reforma laboral, con entrada en vigor el próximo 22 de junio, busca establecer un marco de protección para los trabajadores de plataformas digitales, reconociendo su vínculo laboral con las empresas sin comprometer la flexibilidad de horarios ni los ingresos de las empresas. Así lo destacó Graciela Ramírez Zepeda, directora de políticas de trabajo digno de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), durante su ponencia en el marco del mes del Trabajo Digno, organizado por la Secretaría de Trabajo y Competitividad (STyC).

Ramírez Zepeda explicó ante una audiencia mayoritariamente joven que esta era digital ha generado nuevas modalidades de empleo que ofrecen flexibilidad a los trabajadores y representan un modelo de negocio lucrativo para las empresas que operan como intermediarias a través de plataformas. Sin embargo, hasta ahora, estas empresas han tendido a deslindarse de responsabilidades laborales con quienes prestan sus servicios, externó durante la ponencia «Prestaciones laborales para trabajadores de plataformas digitales».

La reforma, cuya publicación en el Diario Oficial de la Federación se concretó en diciembre de 2024 tras cuatro años de trabajo, busca regular la actividad laboral de aproximadamente 600 mil personas que operan a través de estas plataformas, un sector cuya demanda creció significativamente tras la pandemia de Covid-19. Se estima que cerca de la mitad de estos trabajadores perciben al menos un salario mínimo mensual, lo que les permitirá cotizar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y acceder a diversas prestaciones.

La funcionaria de la STPS subrayó que la reforma aborda preocupaciones clave tanto de trabajadores como de empresas, como mantener la flexibilidad laboral, evitar incrementos en impuestos, respetar la libertad sindical y asegurar la estabilidad en el pago de cuotas de seguridad social.

La funcionaria afirmó que esta legislación pionera a nivel mundial garantiza los derechos humanos sin afectar la rentabilidad del negocio; misma que reconoce dos tipos de trabajadores: subordinados con ingresos iguales o superiores a un salario mínimo, con derecho a registro en el IMSS y trabajadores independientes con ingresos inferiores, sin obligación de registro en el IMSS, pero con otros derechos laborales garantizados en la ley.

Entre los puntos clave de la reforma se encuentran la protección contra despidos injustificados, el acceso a seguridad social para trabajadores subordinados, la transparencia algorítmica por parte de las empresas, la obligatoriedad de generar contratos laborales, y el derecho al reparto de utilidades tras 288 días laborados al año.

Asimismo, las empresas deberán registrar las horas activas y trabajadas para garantizar la protección contra riesgos laborales desde el inicio de la prestación del servicio.

Por su parte, los trabajadores deberán asegurar la salud y seguridad de los usuarios, prestar un servicio con diligencia y proveer las herramientas necesarias para su labor. Incumplir estas obligaciones podría derivar en la rescisión del contrato sin responsabilidad para la empresa.

La reforma también establece prohibiciones para las empresas, como cobrar inscripciones, retener pagos indebidamente, restringir la conexión a la plataforma, simular relaciones laborales, manipular algoritmos para afectar ingresos, comprometer la seguridad de los trabajadores o incumplir los plazos de pago.

José Noé Altamirano Islas, titular de la STyC, enfatizó que el Mes del Trabajo Digno busca generar reflexión sobre el bienestar laboral y proporcionar información relevante tanto a trabajadores como a empresas para asegurar el cumplimiento de los derechos laborales en este nuevo escenario.

En los próximos 180 días tras la entrada en vigor de la reforma, las autoridades emitirán las reglas generales para el registro de trabajadores, el cálculo de ingresos mínimos y dará inicio una prueba piloto para determinar quienes califican para el reconocimiento del vínculo laboral.

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