Proponen nueva ley para la protección de los derechos de las personas adultas mayores
- Abrogaría la Ley de Atención a las Personas Adultas Mayores en la entidad
Por José Luis Ramírez Romero
Este martes, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso local, Diana Torrejón Rodríguez (PRI), presentó al Pleno la iniciativa por la que se emite la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Tlaxcala, y se abroga la Ley de Atención a las Personas Adultas Mayores en la entidad.
Lo anterior, con el propósito de modernizar la legislación en la materia y garantizar la atención y la protección de los derechos de los adultos mayores en condiciones de independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad.
Enriquecida con aportaciones del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Estatal), la nueva norma se integra por 10 capítulos y 29 artículos, y un régimen transitorio de cinco artículos, que establecen, además de Principios Rectores y los Derechos de las Personas Adultas Mayores, los Deberes del Estado, las Obligaciones de la Familia, y las funciones de la nueva Oficina de Protección y Asistencia de Personas Adultas Mayores.
También, la Protección a la economía de las personas adultas mayores, y su atención preferencial; la Asistencia Social; Responsabilidades, infracciones, sanciones y medios de impugnación, y la Denuncia popular.
De este modo, se pretende actualizar la ley vigente desde hace más de 15 años, misma que, a decir de la legisladora local, “adoleció de inconsistencias e insuficiencias que parten desde su estructura”, que, además, breve en su contenido, se planteó de forma punitiva, al otorgar al DIF Estatal atribuciones que no contempla su Reglamento Interior, relacionadas con la imposición de multas que correspondería a otras autoridades imponerlas.
Según Torrejón Rodríguez, “las personas adultas mayores conforman un grupo vulnerable dentro de nuestra sociedad”. Particularmente, lamentó su exclusión del mercado laboral, y del acceso a la participación política y social. También, “la incapacidad endémica del estado para generar los empleos suficientes” que impidan a este sector ser desplazado, u orillado al subempleo o al desempleo.
Por lo anterior, aseveró que, en Tlaxcala, la progresividad en el reconocimiento de los derechos humanos debe obligar a una actualizar el ordenamiento jurídico local a favor de este grupo social.
