Presidenta de comunidad con licencia en Zacatelco se ampara ante posible detención
Tramitó un recurso de amparo ante la FGR, para evadir temporalmente la justicia por un probable delito contra menores de edad
La presidenta de comunidad con licencia de la segunda sección de Zacatelco, Valeria Velázquez, promovió un recurso de amparo ante las autoridades federales, previendo que pueda ser arrestada, luego de la resolución de las autoridades por el caso con menores de edad en el que se vio involucrada.
El expediente, que ya llegó a la Fiscalía General de la República (FGR), podría derivar en una orden de aprehensión, toda vez que al parecer sí existen elementos que pudieran considerar sus actos como un delito del fuero federal y, por lo tanto, Velázquez deberá enfrentar a la justicia.
La semana pasada trascendió que la presidenta de comunidad con licencia recorrió a profesionales del derecho, luego de decidir solicitar licencia a su cargo, para promover un amparo ante una posible detención, sus asesores legales le recomendaron hacerlo debido a los señalamientos que hay en su contra.
Y es que, Valeria Velázquez, podría haber incurrido en el probable delito de corrupción de menores, al pedirles a estudiantes de secundaria que se besaran entre compañeros del mismo sexo a cambio de dinero en efectivo durante su fiesta de conclusión de estudios.
Los hechos fueron grabados en algunos videos que se difundieron en las redes sociales y que llegaron a las autoridades municipales y estatales, mismas que iniciaron investigaciones para fincar o deslindar responsabilidades.
Aunque Velázquez negó que se haya tratado de un “reto” o de un concurso que se premió con dinero, el presidente municipal y los integrantes del Cabildo zacatelquense le sugirieron poco después que se solicitara licencia para enfrentar los posibles efectos legales que se generaran.
A su vez, la presidenta de comunidad intentó desviar la atención de sus actos acusando a algunos medios de comunicación de haber sido ellos quienes protagonizaron el linchamiento mediático, sin embargo, los testimonios de padres de familia y estudiantes menores de edad terminaron por hacer que las investigaciones procedieran.
Tanto la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) como la Secretaría de educación Pública del Estado (SEPE) dejaron el caso en manos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), instancia que hasta ahora no ha dado a conocer públicamente el avance de las investigaciones y si habrá o no de fincarle responsabilidades.
