PENSIONES, DEUDA PÚBLICA Y MENOR CRECIMIENTO, FACTORES DE RIESGO PARA LA POLÍTICA FISCAL DE 2024

• Diagnóstico de la Sefin indica necesidad de reforma estructural al sistema pensionario, y no descarta contratación de deuda pública para financiar gasto de inversión.
• Ante expectativas de bajo crecimiento económico, prevé una mayor promoción en el ámbito local e internacional de la inversión pública y privada.

Por José Luis Ramírez Romero

La crisis del sistema pensionario, la eventual contratación de deuda pública y un escenario de menor crecimiento económico para el próximo año son los tres principales factores locales de riesgo para la implementación exitosa de la política fiscal del gobierno estatal.

En el marco del diseño del Paquete Económico 2024, la Secretaría de Finanzas (Sefin) determinó los principales elementos que podrían tener un impacto en las finanzas públicas en el mediano y largo plazos.

El primero de ellos tiene que ver con las pensiones y jubilaciones, relacionadas con el flujo de ingresos de las y los trabajadores de la administración pública y su familia, por lo que se estima que el sistema estatal debe desarrollarse bajo “un esquema de reforma que permitirá, en el largo plazo, garantizar el pago de las pensiones y respetar los plazos para las jubilaciones”.

Es así que, bajo un escenario de reformas estructurales, “se garantiza a los jubilados y pensionados el pago puntual de sus pensiones, otorgándoles seguridad económica”, ya que el flujo de ingresos presente o futuro de una familia puede verse interrumpido por la materialización de riesgos como la edad avanzada, la cesantía en edad avanzada, la muerte prematura, los accidentes y las enfermedades que causan la invalidez o incapacidad de seguir trabajando.

Las principales reformas que se consideran adecuadas para lograr dicho objetivo consisten en aumentar las aportaciones, ya que éstas son insuficientes para financiar las jubilaciones de los inactivos y para pagar a los nuevos jubilados; así como aumentar la edad promedio de jubilación para mujeres y hombres; y establecer cuentas individuales para los nuevos afiliados.

Con estas reformas, se impulsaría mecanismos que incentivarían la capitalización del sistema pensionario estatal, a fin de establecer nuevos esquemas para mejorar los servicios médicos y para el otorgamiento de créditos, “fortaleciendo el régimen de inversión de los recursos pensionarios de los trabajadores”, además de consolidar un sistema de cuentas individuales de aportación que sería obligatoria para los trabajadores de nuevo ingreso.

Respecto a la deuda pública, el gobierno estatal indica que, desde el inicio del sexenio se ha mantenido en Tlaxcala “una Política de Deuda que ha sido ejemplo a nivel nacional, observando principios de disciplina y responsabilidad presupuestaria, lo que ha ubicado a la entidad con un 0% como porcentaje del PIB Estatal en nivel de endeudamiento”.

Debido a ello, Tlaxcala es “el único Estado a nivel nacional que no es objeto de la medición del Sistema de Alertas, toda vez que no cuenta con Financiamientos y Obligaciones inscritos en el Registro Público Único”.

Sin embargo, la Sefin advierte que “no se desestima en el mediano plazo la posibilidad de la contratación de deuda para el financiamiento del gasto de inversión, considerando a nivel nacional que el deterioro de los resultados fiscales se ha visto incrementada, lo que podría conducir al requerimiento de recursos para mejorar los niveles de liquidez, contando con el asesoramiento de la banca de desarrollo para tomar las mejores decisiones en cuestiones de contratación de financiamientos”.

Y respecto a las expectativas de menor crecimiento económico, el gobierno estatal prevé llevar a cabo “una serie de acciones para contener este riesgo”, entre las que destaca “una mayor promoción en el ámbito local e internacional de la inversión pública y privada, así como de las actividades turísticas; la incorporación de contribuyentes informales a la formalidad, intensificar las acciones de fiscalización y la recaudación de contribuciones locales, para incentivar la actividad económica”, a efecto de “que el consumo privado fortalezca el mercado interno”.