Pasada legislatura negó información sobre basificaciones que autorizó en 2021
- Argumentó que no podría difundir “datos personales”
Por José Luis Ramírez Romero
Bajo el argumento de que los sujetos obligados no pueden difundir datos personales, la LXIII Legislatura del Congreso del Estado negó información relacionada con la basificación de 34 trabajadores al final de su periodo de funciones.
Con base en la solicitud 00356621, se pidió al Poder Legislativo conocer la fecha de inicio o contratación de dichas plazas laborales que se asignaron al Sindicato 7 de Mayo, así como la antigüedad laboral de las personas a las que se les asignaron.
Sin embargo, a pesar de que la petición de información pública no compromete datos personales de los trabajadores aludidos, la Secretaría Administrativa del Congreso local, a cargo de Nils Gunnar Jaime Robles Anderson, rechazó concederla, al asegurar que, con ello, se infringía la fracción VI párrafo II del artículo 61 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tlaxcala.
“Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticidad similar de los individuos”, respondió el también Vocal del Comité de Transparencia de la LXIII Legislatura local.
En octubre de 2021, el Congreso del Estado decidió terminar la relación laboral con los 34 trabajadores basificados que dejó la LXIII Legislatura.
Tras un análisis financiero y jurídico del caso, se estimó que su pago representaría un gasto anual cercano a los 18 millones de pesos (mdp) que resultaría insostenible para las finanzas del Poder Legislativo.
Además, los miembros de dicha legislatura no ampararon en una partida presupuestal el monto para saldar el pago de sus salarios, prestaciones y percepciones complementarias.
Por esa razón, la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP) acordó dar por concluida la relación laboral con los 34 sindicalizados, y suspender el pago correspondiente a la segunda quincena de octubre, con el propósito de sanear las finanzas del Congreso local y garantizar el desarrollo de sus actividades.
De acuerdo con el Comité de Administración de esta soberanía, también se identificaron inconsistencias en la asignación de tales plazas, como la falta de antigüedad requerida y la autorización de altos sueldos, de entre 6 mil y 20 mil pesos.
Incluso, se identifocó que fueron entregadas a personas vinculadas, por parentesco, amistad o afinidad, a ex diputados.
En mayo de este año, el diputado Vicente Morales Pérez, presidente del Comité, informó que los ex trabajadores que se consideraron afectados interpusieron su demanda ante la autoridad laboral, y aunque hay apertura por parte del Congreso local para llegar a un acuerdo económico, no se considera la restitución de los espacios laborales.
