OFRECEN APERTURA PARA EL DISEÑO DE LA NUEVA LEY PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

• Demandan a diputados foros de consulta para legislar el derecho humano al agua en los que se incluya la voz de las comunidades, los comités comunitarios, la sociedad civil y la academia.

Por José Luis Ramírez Romero

La presidenta de la Junta de Coordinación y Concentración Política (JCCP) del Congreso del Estado, Marcela González Castillo, manifestó que en la LXIV Legislatura habrá apertura para incorporar las propuestas de organizaciones de la sociedad civil en el diseño de la nueva Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tlaxcala.

Lo anterior, luego de que representantes del Centro Fray Julián Garcés hicieran público su posicionamiento en torno a la iniciativa presentada la semana pasada por la también coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, y acusaran que ésta no es garante del derecho humano individual y colectivo al agua, ni de su saneamiento y preservación.

González Castillo señaló que, en el marco de los proyectos legislativos que ha impulsado a favor de la protección del medio ambiente, ha mostrado interés en atender las inquietudes de todos los sectores de la sociedad.

En el caso de la propuesta que presentó al Pleno el pasado 14 de febrero, recordó que la nueva norma busca garantizar el derecho humano al acceso al agua, ante la necesidad de establecer bases, apoyos y modalidades para su uso equilibrado y sustentable.

Al respecto, la legisladora subrayó la importancia de crear conciencia y motivar un ejercicio responsable y participativo de los recursos hídricos “como parte de una preocupación real por su preservación en beneficio de los tlaxcaltecas”.

Por ello, precisó que su iniciativa pasó a comisiones para su análisis y discusión, y que aún es posible lograr el diálogo y el consenso con las organizaciones interesadas para tomar en cuenta su visión sobre este tema.

Opinó que las inquietudes del Centro Fray Julián Garcés pueden ser atendidas durante el proceso de dictaminación de la iniciativa, para lograr que esta Ley sea de avanzada, respetuosa de los derechos humanos, y con perspectiva social.

Cabe mencionar que la asociación pro derechos humanos estimó que la propuesta de Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tlaxcala no se debe aprobar tal y como se leyó en tribuna, al estimar que no es garante del derecho humano al agua.

Y es que, en su exposición de motivos, la iniciativa indica que “trata de regular el derecho humano al agua, haciéndolo compatible con la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento para el Estado”, lo que puede supone que el derecho al agua se condiciona a la existencia de la infraestructura disponible.

Además, al establecer que se podrá suspender el servicio de agua potable por la falta de pago de las tarifas establecidas, se observa que el agua ya no es un derecho humano, sino una mercancía que deberá cuantificarse a través de la instalación de medidores, lo que atenta contra la asequibilidad del agua en beneficio de las personas.

Por otra parte, centraliza la gestión y administración del agua que realizan las comunidades mediante sus comités comunitarios, por lo que, al no mencionar este mecanismo, desconoce la participación ciudadana en la gestión del agua.

Otro cuestionamiento estriba en que la nueva Ley no incluye la preservación de los actuales cuerpos de agua superficiales o subterráneos, y pasa por alto que 80% de los municipios del estado son parte de la Cuenca del Alto Atoyac, una Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental como resultado de los procesos de urbanización y de industrialización que han contribuido a un agotamiento de la disponibilidad hídrica.

En este contexto, el Centro Fray Julián Garcés sostiene que la iniciativa les quita la responsabilidad a las industrias, que constituyen el sector que vierte las sustancias más tóxicas, sobre el tratamiento de sus aguas residuales, y se centra en plantear el tratamiento de aguas a través de organismos operadores, pudiendo concesionar el tratamiento de aguas residuales, lo que abre la posibilidad de iniciar un proceso de privatización de este servicio.

Por lo anterior, se pronunció por llevar a cabo foros de consulta en los que se incluya la voz de las comunidades, los comités comunitarios, la sociedad civil y la academia, y que el sustento para la construcción de la Ley no sea atender al Plan Estatal de Desarrollo (PED), sino a la situación de emergencia sanitaria y ambiental que experimenta el Estado de Tlaxcala.