OBSERVAN MÁS DE 82 MDP QUE DIPUTADOS APLICARON A GESTIÓN SOCIAL EN 2021
- Auditoría detecta probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública por la falta de documentación comprobatoria.
Por José Luis Ramírez Romero
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó el ejercicio de más de 82 millones de pesos (mdp) en el Poder Legislativo, debido a la falta de la documentación soporte correspondiente al pago de 621 pólizas.
El ente fiscalizador halló que la entidad fiscalizada no proporcionó la totalidad de la evidencia documental que acreditara pólizas, cheques, facturas, recibos o documentos con las cantidades proporcionadas, por parte del Congreso del Estado, a cada diputado local, así como la comprobación satisfactoria del gasto de las pólizas, de manera individual a los diputados, por parte de la Secretaría Administrativa del Congreso local.
Tampoco presentó la documentación que acreditara los gastos ejecutados por los beneficiarios de las ayudas, a fin de comprobar el destino final del recurso bajo los conceptos por los cuales fueron solicitados los recursos en cada caso particular, como salud, educación, deporte, construcción, desempleo, entre otros.
Lo anterior, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y los Lineamientos Generales para la Aplicación y Ejercicio de los Recursos Transferidos y Etiquetados como Capítulo 4000 destinados a Ayudas Sociales y Gastos por el Desempeño del Actividad Legislativa de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado.
Como parte de la revisión al Gasto Federalizado que integró el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, la ASF revisó una muestra de 621 pólizas por el concepto de Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, por un monto total de 82 millones 348 mil 474.32 pesos, los cuales fueron ejercidos por el Congreso del Estado, con recursos de participaciones federales del ejercicio fiscal 2021, por concepto de apoyo para actividades legislativas y apoyos sociales, los cuales fueron distribuidos a los diputados que integraron la LXIII Legislatura.
Al respecto, identificó que el Congreso local, a través de su Secretaría Administrativa, remitió diversa documentación relativa a la comprobación del gasto, como oficios de comprobación del gasto signados por los diputados, solicitudes de apoyos, listas de beneficiarios, así como recibos de ayuda e identificaciones de los beneficiarios.
Sin embargo, se determinó que la misma no es coincidente en cuanto a los importes de las pólizas solicitadas como muestra de auditoría, ya que en algunos casos la comprobación es menor al importe de las pólizas y en otros casos es mayor.
Además, no se proporcionó la documentación soporte correspondiente al pago como lo son: pólizas, cheques, facturas, recibos o documentos en los cuales obren las cantidades proporcionadas por parte del Congreso a cada diputado; ni el documento mediante el cual la Secretaría Administrativa del Congreso, valide de manera individual la comprobación satisfactoria del gasto de las 621 pólizas pagadas a los diputados.
Aunado a lo anterior, en 31 pólizas, no se proporcionó documentación justificativa ni comprobatoria del gasto; y del total de las 621 pólizas, la entidad fiscalizada no proporcionó documentación que acredite los gastos ejecutados por los beneficiarios a los cuales los diputados les proporcionaron las ayudas, es decir, documentación del destino final del recurso que compruebe el gasto en los conceptos para los cuales fueron solicitados, según cada caso particular.
