MIRIAM MARTÍNEZ, ¿Y LA CORRESPONSABILIDAD?

Por José Luis Ramírez Romero

El reciente posicionamiento de la presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN. Miriam Martínez Sánchez, a propósito del desafortunado homicidio del Presidente de Comunidad de San Marcos Jilotepec, Ixtacuixtla, resulta desconcertante, por decir lo menos.

Según la dirigente panista, “el Gobierno sigue sin acompañar a los municipios con una clara estrategia de seguridad”. Por ello, propuso “un diálogo cercano y constante con las autoridades de los diferentes niveles de gobierno; mesas de trabajo con el sector empresarial, universidades, partidos políticos, el clero y con la sociedad civil, con el fin de hacer entender al Presidente de México y a las autoridades estatales que es urgente una evaluación a la actual estrategia de seguridad, mejorar las labores de inteligencia y fortalecer la escucha, como bien ya lo estamos haciendo desde nuestro partido”.

Sin duda, es interés de todas y todos que las condiciones de seguridad pública mejoren en la entidad, que sucesos violentos como los ocurridos en Ixtacuixtla no se repitan, porque cualquier delito, sin importar su gravedad, afecta a las personas, y por ende a las familias y a las comunidades. Por esa razón, el tono del debate relacionado con la seguridad pública debe ser muy responsable.

Lamentablemente, las expresiones de Miriam Martínez incorporan una carga política a la discusión relacionada con la atención del fenómeno delictivo, misma que aborda de manera superficial y basada en generalidades debatibles.

De entrada, es cuestionable que afirme que el gobierno no acompaña a los municipios, cuando desde el ámbito estatal se implementan mesas de coordinación en las que participan los representantes de los ayuntamientos. También, que se asuma como portavoz de estos, cuando ellos deberían ser los primeros en denunciar la falta de acompañamiento, lo que no ha sucedido, ni siquiera tratándose de los gobiernos municipales panistas.

El diálogo cercano y constante que propone con los sectores sociales ya existe, y muchos de estos han reconocido públicamente la apertura del gobierno estatal. Pero obviamente, ésta no es la solución única y definitiva para mitigar la inseguridad. Como bien dice la lideresa panista, se requiere capacitación a los elementos de seguridad, invertir en mejores sueldos e infraestructura. Sin embargo, se queda corta en la respuesta que necesita la atención del fenómeno delictivo, al trasladar por completo la responsabilidad de la política de seguridad al gobierno estatal, pues si bien corresponde a este orden de gobierno coordinarla, toca a los municipios ejecutarla.

Por esa razón, el posicionamiento político del PAN, aunque válido en su forma, desatiende el sentido de corresponsabilidad que debe prevalecer desde los municipios donde, se reconozca o no, todos los partidos son también gobierno.

En la entidad, el modelo de atención para prevenir el delito se ha instrumentado de manera desarticulada, de tal forma que su efecto en la prevención de la violencia y la delincuencia no se ha logrado potencializar.

Así lo indica el Plan Estatal de Desarrollo, documento que el representante del PAN en el Congreso del Estado avaló, y que destaca la necesidad de establecer “un modelo claro y participativo que genere resultados en el corto, mediano y largo plazo, como resultado de la corresponsabilidad y la sinergia entre los diferentes órdenes de gobierno, las instituciones educativas, las dependencias encargadas directamente de la seguridad, y la sociedad civil en su conjunto”.

Para ello, la administración de la gobernadora Lorena Cuéllar plantea la construcción de una agenda transversal para reconstruir el tejido social, bajo la consideración de que, si bien la ciudadanía es la víctima de la delincuencia, “la población es quien tiene la capacidad de organizarse y participar activamente en la prevención del delito”.

Lo anterior, supone establecer la participación ciudadana como eje para el mejoramiento de la política estatal de seguridad, al considerar que “la prevención del delito tiene más éxito si cuenta con respaldo social y es óptima cuando las personas se organizan para tener una convivencia más segura”.

“Dicha organización ciudadana deberá estar acompañada de acciones contundentes, como una policía que base su trabajo en elementos científicos, tecnológicos y de inteligencia; un estado de fuerza más articulado y equipado, y el impulso de programas de prevención del delito en escuelas, comercios y empresas, con lo cual podrá establecerse una sola directriz, en coordinación con los gobiernos federal, estatal y municipal, atacando no solo las consecuencias sino también las causas del delito”, refiere el plan de gobierno.

Bajo este panorama, es evidente que partidos como Acción Nacional deben pasar de los llamados al aporte de estrategias y mecanismos que traten de responder a las expectativas ciudadanas. Asumir la cómoda posición de cuestionar el trabajo sin plantear soluciones de fondo es el camino que ha llevado a los partidos a perder la confianza y la credibilidad de los ciudadanos.  

Sí. Es importante que se exijan resultados a las autoridades, que se pida corregir lo que no funciona y reforzar lo que ofrece respuestas a la sociedad. Pero es fundamental que, al hacerlo, no se caiga en la tentación de buscar beneficios políticos por encima del bien colectivo.

La dirigente del PAN puede presumir “los Gobiernos Municipales mejor evaluados”, “hacer más con menos” y hasta estar “listos para recuperar el rumbo del estado”. Pero en los hechos, ello no tiene mayor mérito que el de cumplir un compromiso asumido con los tlaxcaltecas, cuya expectativa, por más que se adorne con retórica, siempre queda a deber al intentar cumplirla.

Respetuosamente, falta ser menos arrogantes y más corresponsables.