LINCHAMIENTOS
Por José Luis Ramírez Romero
En mayo de 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó el Informe Especial sobre la problemática de los linchamientos en México.
El análisis arrojó que este delito es “una de las expresiones más graves de la crisis que en materia de inseguridad, violencia e impunidad que enfrenta nuestro país”. Y esta crisis es compleja, porque se funda en la desconfianza y la sensación de lejanía de las autoridades, así como en la reiterada falta de cumplimiento y aplicación de la ley.
La CNDH encontró que la falta de seguimiento a casos de linchamiento, por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, es un factor determinante en la atención y erradicación del fenómeno.
En el mejor de los casos, expone, “las autoridades responsables reportan la apertura de una carpeta de investigación y, en contadas ocasiones, se reportan detenidos, se investiga o se da seguimiento al caso, según el impacto mediático que tuvo el linchamiento. En aquellos casos que ha sido posible llevar ante la autoridad de procuración de justicia a personas que participaron en el linchamiento, el acto suele ser investigado por delitos de motín, lesiones y homicidio (simple o tumultuario). En este último supuesto, al ser un acto atribuible a un individuo y el linchamiento una acción colectiva, los elementos del tipo penal resultan difícil de acreditar”.
Por donde se mire, resulta evidente la incapacidad de las distintas instancias de gobierno para generar condiciones que permitan la convivencia pacífica entre la gente, y el riesgo de ello es que quienes se sienten agraviados por un delito canalizan su impotencia directamente hacia los infractores.
El deterioro paulatino de los sistemas de seguridad y justicia ha provocado una realidad que vulnera y lastima a los ciudadanos y sus familias. Por eso, el enfado social se dirige hacia personas que se considera que atentan contra sus hogares o comunidad.
En efecto, los linchamientos han demostrado que la facultad del Estado de mantener el control sobre un territorio y el monopolio legítimo del uso de la fuerza, se ha visto rebasada al incumplir su obligación de aplicar la ley y brindar seguridad a la población.
Lamentablemente, estas expresiones de violencia colectiva también representan actos de descalificación hacia las autoridades y de desprecio a la vigencia del Estado de Derecho, de modo que la crisis es de autoridad y de institucionalidad.
Hace varias semanas, el Congreso del Estado llamó a comparecer al titular de la Secretaría de Gobierno, quien aclaró dudas en torno a la política estatal de seguridad. Luego, los diputados locales aprobaron una reforma por la que se volvió a crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), y más recientemente avalaron el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, en el cual quedaron establecidas las estrategias para hacer de Tlaxcala el estado más seguro del país.
Sin embargo, las acciones que actualmente se emprenden para hacer frente al delito no logran el impacto esperado, como lo advierte el comportamiento de las estadísticas oficiales, y los diversos sectores están a la espera resultados inmediatos, empezando con el nombramiento del titular de la SSC.
Han pasado ocho meses desde que se renovaron gobiernos locales, y las expectativas de cambio generadas en campaña comienzan a cobrar factura en la credibilidad de los nuevos gobernantes.
La manera en que pobladores de San Pedro Tlalcuapan, en Chiautempan, respondieron al intento de robo a una vivienda, el pasado viernes, plantea una seria reflexión para los tomadores de decisiones a nivel municipal y estatal.
De entrada, este caso de linchamiento, notable por su grado de violencia, advierte la falta de políticas integrales de prevención del delito desde las comunidades, la falta de aplicación de protocolos que permitan responder a escenarios de hostilidad, y la faltan de programas enfocados a restituir el tejido social en las localidades, con especial atención en aquellas en las que han acontecido sucesos de violencia colectiva, como es el caso de San Pedro Tlalcuapan, donde además se percibe lejana la posibilidad de que los derechos del linchado y su familia se vean resarcidos.
La presión social y mediática que sucesos como este generan para las autoridades hace que éstas pasen por alto la importancia de contextualizarlos para entender su complejidad y anticiparlos en función de las características sociales de cada región, lo cual, indudablemente, implica un trabajo coordinado por parte de los tres niveles de gobierno.
La CNDH ya planteó una serie de propuestas temáticas de política pública en materia de registro de información oficial; de cultura de respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos; de cultura de la legalidad, de la denuncia y de Derechos Humanos, y de política criminal y cultura de la prevención.
Toca a las autoridades en turno aprovechar los recursos a su alcance para acelerar resultados en favor de la sociedad.
