Jueces y magistrados podrían ser sometidos a juicio político
Tras la propuesta en el Congreso de que, a través de reformas a la ley de responsabilidades de los servidores públicos del Estado, sean procesados cuando estos pierdan la confianza ciudadana o fallen a su compromiso; comisiones ya la analizan para su probable aprobación
Por: Miguel Ángel Lara
Jueces y magistrados del poder judicial del Estado podrían ser incorporados al catálogo de personas servidoras públicas sujetas a juicio político, es decir, que sean sometidas a un proceso de destitución por incurrir en faltas a sus responsabilidades o cuando vulneren preceptos constitucionales de manera grave.
Lo anterior luego de que el Congreso del Estado recibió la propuesta por la que se considere reformar adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, con el objetivo de armonizarla con las reformas constitucionales recientes en materia judicial y de responsabilidades públicas.
La diputada local Sandra Aguilar Vega, fue la encargada de presentar la iniciativa en la que uno de los ejes centrales es la reforma a la fracción VI (6) del artículo 10, en la que se precisa y actualiza el catálogo de personas servidoras públicas sujetas a juicio político, incorporando expresamente a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), del Tribunal de Disciplina Judicial, del Tribunal de Justicia Administrativa, así como a jueces del Poder Judicial del Estado y del órgano de administración judicial.
Asimismo, en congruencia con la iniciativa constitucional presentada por la Diputada en materia de juicio político, propone derogar y reformar algunas fracciones del artículo 2 de la misma ley.
En la exposición de motivos se señala que estas adecuaciones derivan de las reformas constitucionales de 2024, que modificaron la estructura y denominación de diversos órganos del Poder Judicial, por lo que la legislación secundaria debía ajustarse para reflejar con precisión a las autoridades que, por la naturaleza de sus funciones, pueden incurrir en responsabilidades político-administrativas cuando se vulneren de manera grave preceptos constitucionales o intereses públicos fundamentales.
La Iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
