Estado

Gobierno debe vigorizar la seguridad pública y establecerla como prioridad: Coparmex

  • Las autoridades no sólo deben combatir la inseguridad, sino también elevar la eficiencia en el trabajo de procuración e impartición de justicia.

Por José Luis Ramírez Romero

El presidente del Centro Empresarial de Tlaxcala (CET) adherido a la Coparmex, José Noé Altamirano Islas, consideró que el gobierno estatal debe vigorizar la seguridad pública y establecerla como prioridad.

Luego de que la administración estatal rindiera un informe sobre la incidencia delictiva al corte del mes de marzo, el representante del sindicato patronal en la entidad estimó que las autoridades no solamente deben combatir la inseguridad, sino también elevar la eficiencia en el trabajo de procuración e impartición de justicia.

En este contexto, opinó que el análisis de la actividad delictiva debe abordarse a partir de tres dimensiones: su evolución regional, no solamente estatal y municipal; su comportamiento a lo largo de los años, no únicamente comparando periodos; y su atención como política pública más que como acción de gobierno.

Para Altamirano Islas, la inseguridad no debe tolerarse, y es precios escuchar las voces de las víctimas y sus familias.

Por ello, estimó que, además de reforzar y fortalecer la profesionalización policial desde el nivel municipal, se requieren estrategias para disminuir la cifra negar del delito, la cual, de acuerdo a estimaciones, es de 94.3%, lo que significa que, por cada 10 delitos que se cometen, menos de uno es denunciado.

Finalmente, sobre el resultado de la votación en torno a la Reforma Eléctrica en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, indicó que la Coparmex estuvo atenta a la actuación de los legisladores federales, así como de sus argumentos y su voto.

Expresó que, desde el Poder Legislativo, debió imperar una visión de futuro que permita a México ser competitivo a nivel internacional y sentar las bases para devolver su liderazgo energético.

Insistió en que las decisiones legislativas deben poner al centro “a las personas, su dignidad y bienestar”, y respetar el Estado de Derecho para dar certeza jurídica a la inversión.

Apuntó que el país no necesita más división, sino diálogo y colaboración para que las familias puedan superar sus carencias, y salir de la pobreza “mediante empleos formales, bien pagados, con prestaciones”.