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Deudores alimentarios no formarán parte de corporaciones de seguridad

Tras la homologación de las disposiciones legales estatales con las federales en materia de seguridad, en Tlaxcala ninguna personas deudora alimentaria podrá formar parte de las instituciones de seguridad, los que incumplan serán dados de baja

Por: Isabel Polvo

El titular de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), Maximino Hernández Pulido, afirmó que el estado se alineó a la normativa local con los estándares federales para garantizar que quienes velan por la seguridad pública cumplan con sus responsabilidades civiles básicas, por tanto, los deudores alimentarios serán dados de baja de las corporaciones de seguridad.

De acuerdo a la nueva normativa, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Públicas, no podrán formar parte de las fuerzas policiales deudores alimentarios.

Como parte de la homologación de las leyes estatales con la normativa federal de seguridad, el Gobierno de Tlaxcala implementará una política de tolerancia cero contra los deudores alimentarios dentro de sus instituciones de seguridad pública.

El funcionario estatal, Maximino Hernández Pulido, anunció que se iniciará una revisión exhaustiva de los 4,700 elementos de los cuáles 2 mil 500 conforman la policía estatal y 2 mil 200 uniformados de los 60 municipios. El objetivo es identificar a cualquier oficial que tenga procesos pendientes por incumplimiento de obligaciones alimentarias.

Una vez identificado un deudor, el caso será turnado a la Fiscalía General de Justicia, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) o a los ayuntamientos correspondientes para formalizar la baja definitiva.

La restricción no solo aplica al personal activo; cualquier aspirante que pretenda incorporarse a las filas policiales será rechazado si cuenta con antecedentes como deudor alimentario. «Se deberá notificar al titular correspondiente, ya sea al presidente municipal, al secretario de Seguridad o a la Fiscalía, para iniciar el procedimiento de baja. Todo esto tendrá que seguir el proceso previsto en las comisiones de honor y justicia», expuso Hernández Pulido.

Hernández Pulido enfatizó que esta disposición es fundamental en la agenda de violencia de género. Al exigir que los elementos de seguridad mantengan un expediente limpio en materia familiar, se refuerza la ética institucional y se garantiza que los cuerpos policiales sean un ejemplo de legalidad y respeto a los derechos humanos.