Congreso de Tlaxcala sin integrar comisión especial para vigilar recursos por Covid-19

Congresos locales tienen la obligación de asegurar que los recursos públicos destinados a la crisis sanitaria y económica se utilicen exclusivamente para esos fines

A más de 100 días de la declaratoria de emergencia, sólo dos Congresos locales, el de Sonora y el de Coahuila, han creado comisiones especiales para dar seguimiento a temas relacionados con el Covid-19. En el caso de Coahuila el acuerdo publicado no permite entender con precisión su alcance y objetivos específicos.

Respecto al estado de Sonora, sí presentan en el acuerdo los cuatro objetivos específicos con el que se crea la comisión especial, de 32 congresos estatales sólo dos han instalado comisiones especiales para vigilar los recursos ejercidos para atender la emergencia sanitaria y la recuperación económica ocasionadas por Covid-19.

Las 30 entidades federativas restantes incluyendo Tlaxcala no han creado la comisión especial, para que atienda y dé seguimiento a la emergencia sanitaria y económica que enfrenta el estado, por motivo de la pandemia mundial Covid-19.

Así lo reveló la Unidad para la Transformación de los Congresos (U-TRAC) de Transparencia Mexicana, misma que se sumó al mecanismo de seguimiento de planes, programas y acciones para la atención de la emergencia sanitaria y sus consecuencias sociales y económicas de Tojil y Transparencia Mexicana, conocido como Susana Vigilancia.

Se analizaron las acciones de los 34 órganos legislativos del país (32 congresos locales y dos órganos federales) en términos del uso de sus facultades Constitucionales y legales para dar seguimiento puntual de los recursos públicos y las acciones emprendidas tras la pandemia, acciones nulas hasta el momento.

Y es que, en el plano federal, ni el Senado ni la Cámara de Diputados han creado comisiones especiales de seguimiento al gasto o responsabilidades durante la pandemia.

Si bien al interior de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, hay una propuesta de exhorto para iniciar un proceso de fiscalización especial de los recursos, pero hasta el pasado lunes 22 de junio, no había sido aprobado por el pleno.

La U-TRAC recordó que una de las funciones del Congreso es vigilar las acciones del Poder Ejecutivo, aún siendo el mismo partido que controle ambos poderes. Toda vez que el país, la Cámara de Diputados y el Senado de la República, así como los Congresos estatales, tienen el mandato constitucional de vigilar y fiscalizar las acciones de los poderes ejecutivos del país.

“Para atender la emergencia sanitaria, el Gobierno Federal y los Gobiernos estatales han requerido suministros para hospitales y centros de salud, recibido donativos, e incluso negociado condiciones preferenciales con otros gobiernos y países para la adquisición de bienes. Para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, los gobiernos federales y estatales han activado mecanismos de deuda pública, créditos, apoyos económicos o estímulos fiscales, cuyo origen y destino también deben ser supervisados”.