Castigo económico por omitir transparencia
PERSPECTIVA; OPINIÓN
La mayor parte de los ayuntamientos y sindicatos principalmente, carecen de una página de internet en condiciones de difundir sus actividades, los recursos económicos que manejan y hasta el destino del dinero público y de las aportaciones que reciben cada mes y al año.
Principalmente, para gran parte de los 60 municipios de Tlaxcala, partidos políticos y sindicatos burócratas en el Estado, la pandemia del COVID-19 fue un pretexto para no transparentar sus actividades públicas y el dinero que usaron durante los meses de marzo a septiembre de 2020.
Son escasas instituciones públicas de la entidad que realmente han dado cumplimiento a los artículos que establece la Ley de Acceso a la Información Pública de Tlaxcala.
El IAIP estableció como fecha limita que para el último día de septiembre pasado, los entes públicos, ayuntamientos y poderes, tendrían que cumplir con la publicación y la máxima difusión de sus obligaciones de transparencia establecidas en la ley federal y estatal, correspondientes al primer trimestre de 2020, enero, febrero y marzo.
Y para el último día de octubre de este año, los más de 104 entes públicos de Tlaxcala debían hacer públicos sus acciones, ingresos y gastos económicos del segundo trimestre del año, marzo, abril y mayo.
La omisión en el cumplimiento, causará que en el Estado de Tlaxcala, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP) imponga multas de 18 mil 483 hasta 61 mil 610 pesos a las instituciones públicas que incumplan con transparencia y sus obligaciones de máxima publicidad.
El organismo autónomo reanudó los plazos legales, que fueron suspendidos por la pandemia del COVID-19, en consecuencia los tres poderes, ayuntamientos, organismos autónomos y los sindicatos, partidos políticos, personas físicas o morales responsables, deberán acatar con la máxima publicidad de información pública y rendición de cuentas.
Si es que quieren evitar las medidas de apremio para que cumplan con la ley.
Legalmente las sanciones por el incumplimiento de los entes públicos en materia de transparencia son válidas porque el IAIP firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado (SPF).
Acuerdo que lo faculta para realizar legalmente el procedimiento sancionador en aquellos casos en los que se corrobore, previo estudio, que no hubo cumplimiento a lo establecido en las leyes federal y estatal, y con lo cual estará facultado para multar económicamente a aquellos sujetos obligados que incumplan.
El artículo 156 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, señala que el IAIP impondrá al servidor público encargado de cumplir con la resolución, o a la persona física o moral responsable, las medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones.
Consisten en una multa de 150 hasta mil 500 veces de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Es decir, sanciones económicas de 18 mil 483 hasta 61 mil 610 pesos a instituciones públicas, cifra que resulta de los 123.22 pesos al salario mínimo que se autorizó a nivel nacional para este año 2020.
Ojalá que los créditos fiscales o multas que se impongan a los entes públicos incumplidos, realmente propicien la máxima publicidad de las actividades y destino del recurso público ejercido en los meses de este 2020. Y que el dinero de las sanciones sea del bolsillo de los funcionarios públicos y no de las arcas públicas.
