Estado

Avala Congreso que ministerios públicos especializados en violencia de género estén certificados y capacitados

  • La PGJE deberá brindar atención a la violencia de género con personal competente que garantice la integralidad de la atención a las víctimas.

Por José Luis Ramírez Romero

El Pleno del Congreso del Estado aprobó este jueves una modificación a la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público, para que las mujeres víctimas de violencia, que acuden a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para presentar denuncias por delitos de género y violencia familiar, reciban una atención especializada, profesional y eficiente.

Mediante la adición del artículo 39 bis fracción I de dicho ordenamiento, se establece que el Ministerio Público adscrito al Módulo Especializado en delitos de Género y Violencia Intrafamiliar, además de satisfacer los requisitos que establece esta Ley, deberá cumplir con la certificación de Estándar de Competencia EC0539 de Atención presencial de primer contacto a Mujeres en situación de violencia, la cual deberá estar avalada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).

Además, al momento de ingresar al cargo, deberá contar con un mínimo de 300 horas de capacitación, acreditadas mediante constancias que así lo avalen, en materia de Género, Derechos Humanos y del Sistema Penal Oral Acusatorio.

Y posteriormente, durante el tiempo que ejerza el cargo, deberá cumplir con 300 horas de capacitación y actualización anualmente, en temas relacionados con el desempeño de sus funciones, a través de cursos, talleres, diplomados o cualquier otro medio de capacitación.

Los legisladores consideraron que una de las funciones primordiales del Estado es garantizar el acceso a la justicia pronta y expedita, principalmente en los casos de violencia contra las mujeres en cualesquiera de sus tipos (física, psicológica, económica, patrimonial, sexual) y modalidades (familiar, laboral, docente, comunitaria, feminicida), y sin importar el nivel socioeconómico, escolaridad, edad ni origen étnico, de las víctimas.

Con la enmienda formulada por la diputada Lorena Ruiz García (PT), se espera que las instituciones que brindan atención a la violencia de género cuenten con personal competente para desempeñar sus funciones y aseguren la integralidad de la atención a las víctimas.