Rechaza Congreso exhortó del Sistema Nacional Anticorrupción
Aseguran diputados que es anticonstitucional la propuesta de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción
El Congreso del Estado rechazó la recomendación que en días pasados le emitió la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción para que los procesos en la designación de jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) se uniformen con el procedimiento que se sigue y que se establece en las leyes federales.
En la sesión ordinaria de este martes, los diputados consideraron que es anticonstitucional la propuesta de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, debido a que con fundamento en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los poderes de los estados se organizarán conforme a la Constitución local de cada uno de ellos, otorgando en el caso de la designación de Jueces y Magistrados, plena autonomía para regirse por sus propias Constituciones a cada uno de los estados miembros de la federación, sin más restricciones que las contenidas en la fracción III de dicho artículo.
Por lo que tal propuesta resulta contraria a lo establecido por la Carta Magna Federal, en el mencionado artículo 116, así como en cuanto a la libertad de configuración de la norma jurídica de que gozan las entidades federativas con fundamento en los artículos 40 y 41 del Pacto Federal; ya que los estados miembros de la federación en ejercicio de su soberanía han desarrollado diversos procedimientos y mecanismos de examinación para la selección de jueces y magistrados y la integración de sus poderes judiciales.
Por ello se incurre en un error al pretender que los procedimientos de designación de jueces y magistrados se uniformen con el procedimiento que se sigue a nivel federal para la designación de Magistrados y Jueces de Circuito que actualmente son designados mediante concursos organizados por el Consejo de la Judicatura Federal.
Y que se dividen en tres etapas, un examen de conocimientos, elaboración de un proyecto relacionado con la naturaleza de la categoría o materia para la que se concursa; y un examen oral de oposición frente a un jurado, estableciendo que las tres etapas sean públicas y transparentes.
Justificaron que tanto los procesos para la designación de jueces como de magistrados están encaminados a lograr la existencia de un poder judicial libre y autónomo, como estrategia al combate de la corrupción en el estado, que garantizan los derechos fundamentales de la ciudadanía.
