Va Congreso contra ruido y quemas clandestinas
Diputadas promovieron regular la contaminación acústica y tipificar la quema clandestina como delito, comisiones analizan las propuestas
El Congreso del Estado buscará sanciones para las personas que realicen quemas de pastizal o vegetación de manera clandestina, y buscará regular la contaminación acústica desde los municipios.
Las diputadas Gabriela Hernández Islas y Anel Martínez Pérez aprovecharon su espacio en la tribuna para proponer iniciativas que tienen que ver con el derecho a un medio ambiente sano y a una mejor calidad de vida para los tlaxcaltecas, y turnaron a las comisiones correspondientes sus propuestas para que sean analizadas y posteriormente discutidas con la posibilidad de que se aprueben.
Anel Martínez Pérez presentó una propuesta que busca establecer las bases legales que permitan a los ayuntamientos regular la contaminación acústica como parte de sus atribuciones.
La legisladora explicó que el ruido es un factor contaminante con impactos severos en la salud pública, que puede derivar en enfermedades como el estrés, trastornos del sueño, pérdida auditiva y acúfenos.
La iniciativa plantea reformas al artículo 33 y adiciones al artículo 47 de la Ley Municipal, para que los gobiernos locales tengan la facultad de reglamentar de manera específica la contaminación acústica. Además, se contempla que los titulares de áreas municipales con atribuciones ambientales propongan reglamentos en esta materia, previa realización de estudios técnicos, y participen activamente en los comités de adjudicación de obra pública.
Anel Martínez citó referencias de la Organización Mundial de la Salud sobre los límites recomendados de exposición al ruido y señaló que, en varios estados del país como Puebla, Hidalgo y Nuevo León, ya se han adoptado marcos jurídicos que atienden esta problemática.
Esta medida, dijo, responde a una creciente preocupación por el impacto del ruido en entornos urbanos y rurales, y forma parte de una estrategia legislativa integral para la protección de la salud y el bienestar de la población.
Gabriela Hernández Islas, por su parte, propuso tipificar como delito la quema no autorizada de pastizales, terrenos agrícolas y forestales.
Recordó el gran incendio registrado en el mes de abril en Atltzayanca que –aseguró- consumió más de mil hectáreas de bosques en los cerros de Guadalupe y San Gabriel, así como el ejido Buenavista, al tiempo que los municipios de Ixtacuixtla y Chiautempan sumaron más de 150 hectáreas afectadas.
Estas afectaciones provocan pérdida de cobertura vegetal, erosión de suelos, muerte de fauna silvestre y riesgos para la salud pública, lo que exige acciones urgentes.
La iniciativa propone reformar el artículo 415 Código Penal local para distinguir claramente la quema no autorizada —aunque no derive en incendio de gran escala— e incorporar agravantes en casos de afectación a zonas ecológicas prioritarias, temporada de estiaje o riesgo a personas y bienes. Con ello, las autoridades dispondrán de herramientas más precisas para prevenir, sancionar y restaurar el daño ambiental, impulsando una cultura de respeto a la tierra.