Estado

Tlaxcala investiga exhaustivamente denuncia de tortura, maltrato, extorsión y amenazas de muerte a PPL, se atiende con protocolos de Estambul

La víctima y su familia ya reciben protección, informó Antonio Martínez, coordinador de comunicación del estado

Isabel Polvo 

El gobierno del estado ha iniciado una investigación multidisciplinaria para esclarecer los hechos relacionados con la denuncia de un recluso en el Centro de Reinserción Social de Apizaco. Ventura N., la Persona Privada de la Libertad (PPL), acusó a funcionarios del penal de extorsión, amenazas de muerte y violaciones a los derechos humanos a través de un video.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Anticorrupción y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para determinar todos los hechos relacionados con la denuncia, que abarca eventos ocurridos en los últimos tres años. Como parte de las primeras acciones, el titular del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tlaxcala fue separado de su cargo para evitar cualquier obstrucción en las diligencias, informó Antonio Martínez Velázquez, coordinador de Comunicación del estado de Tlaxcala. 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos han tomado medidas para proteger al denunciante. 

De paso, dio a conocer que la protección especial al recluso son revisiones médicas constantes y la aplicación del protocolo de Estambul, que permitirá determinar si la persona fue sometida a actos de tortura.

“Hay un involucramiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que está observando cada momento que la integridad de esta persona esté garantizada y desde luego tiene una protección especial, tiene revisiones médicas constantes y se le aplicará el protocolo de Estambul, este determina si una persona fue sometida a actos de tortura…”. 

En una conferencia de prensa, anunció que se invitará a la Fiscalía General de Justicia del Estado, al Secretario de Seguridad Ciudadana para que den a conocer los resultados de esta investigación exhaustiva, tal como lo ha instruido la gobernadora. 

En cuanto a la familia se pueden revelar pocas cosas, pero le puedo asegurar que está en contacto la CEDH y Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se tomaron acciones específicas para la protección de la familia, específicamente para dos menores que son sus hijas y la esposa de la Persona Privada de su Libertad (PPL). 

El gobierno estatal reafirmó su compromiso con los derechos humanos, asegurando que, incluso las Personas Privadas de su Libertad (PPL), gocen de sus derechos y un trato digno. Se enfatizó que las instituciones involucradas tienen la obligación constitucional de garantizar estos derechos.

En cuanto a la familia, se confirmó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Secretaría de Seguridad Ciudadana están en contacto con ellos. Se han tomado acciones específicas para proteger a las dos hijas menores del denunciante, garantizando su seguridad.

 Respecto al exdirector del Centro de Reinserción Social (Cereso), quien fue separado de su cargo, se informó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha activado un protocolo para evitar que pueda fugarse o influir en la investigación. Esto busca facilitar el trabajo de la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría.

Aseguró que no habrá tolerancia a la impunidad y que, de ser encontrados culpables tras la investigación, los funcionarios implicados serán procesados conforme a la ley. Aunque primero se esperan los resultados de la investigación antes de tomar cualquier otra acción.

“Como ha expresado la gobernadora cero tolerancias a la impunidad. Entonces, una vez que resulte esta investigación y que se hagan las diligencias correspondientes, lo primero que tenemos que hacer es esperar a los resultados de la investigación”.