TLAXCALA, ENTRE LOS ESTADOS CON MENOS POBLACIÓN PENITENCIARIA DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

• El DNSP 2022 reveló que, en México, el sistema penitenciario no brinda una atención adecuada a madres con hijos, adultos mayores, discapacitados, indígenas, de la comunidad LGBTTTIQ+, con VIH/SIDA y extranjeros, que permanecen privadas de la libertad.

Por José Luis Ramírez Romero

Tlaxcala es uno de los estados con menos población privada de la libertad perteneciente a grupos de atención prioritaria.

Lo anterior, con base en información recabada durante las visitas de supervisión penitenciaria efectuadas por personas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a los 252 centros que conformaron la muestra nacional del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2022.

A nivel nacional, se identificaron 321 mujeres privadas de la libertad que vivían con sus hijas e hijos en 2022.  El registro de menores de edad que vivían con ellas era 329. Tlaxcala fue el cuarto estado con menos casos (dos), por arriba de Campeche, Coahuila y Querétaro (uno, respectivamente). El primer lugar lo ocupó la Ciudad de México (43), seguido del Estado de México y Tamaulipas (28, en tal orden).

Respecto a personas adultas mayores privadas de su libertad, sumaban seis mil 493 en el país. Tlaxcala fue el segundo estado que, en 2022, albergó en sus prisiones al menor número de personas mayores de 60 años (24), sólo atrás de Querétaro (ocho). En primer lugar, figuró el Estado de México (707), que superó a la Ciudad de México (644) y a Puebla (519).

Las personas indígenas recluidas en cárceles estatales ascendieron a seis mil 601 en 2022. Tlaxcala fue el cuarto estado con la cifra más baja del país (19), detrás de Tamaulipas (15), Colima (siete) y Aguascalientes (seis). En el extremo contrario se situó Oaxaca (mil 292), muy por arriba Chiapas (883) y Veracruz (543).

Con relación a las personas con discapacidad que permanecían en reclusión, se registraron dos mil 300 el año pasado. De acuerdo al DNSP, Tlaxcala fue el tercer estado con menor población penitenciaria con alguna discapacidad (12). Querétaro (dos) y Nayarit (11) fueron las entidades con la cifra más baja, mientras que el Estado de México (215), la Ciudad de México (171) y Veracruz (166) mostraron las cifras más altas.

Asimismo, la población con discapacidad psicosocial se conformó por tres mil 274 personas privadas de su libertad. Tlaxcala fue el quinto estado con el menor número (48), superando a Aguascalientes (35), Campeche (33), y Coahuila y Zacatecas (seis, respectivamente). Por su parte, la Ciudad de México se posicionó en el primer lugar nacional (406), con un número muy superior al Estado de México (217) o Michoacán (201).

Por otra parte, ascendieron a dos mil 389 las personas recluidas en prisiones estatales que pertenecen a la comunidad LGBTTTIQ+. Las entidades con menor número fueron Guanajuato (uno), Querétaro (tres), San Luis Potosí y Baja California Sur (seis, en tal orden) y Tlaxcala (11), en tanto que la Ciudad de México (546), el Estado de México (343) y Nuevo León (227) reportaron las cifras más altas.

En el caso de la población recluida en 2022 que vivía con VIH/SIDA, consistió en mil 135 personas. Los primeros lugares fueron para Ciudad de México (195), Guerrero (106) y Veracruz (104), y los últimos para Querétaro (uno), Tlaxcala e Hidalgo (seis), y Zacatecas y Durango (siete).

Finalmente, las personas extranjeras que purgaban una condena en México eran dos mil 213 el año pasado.  Chiapas (338) y Baja California (273) tenían la población más alta, mientras que Querétaro (uno), Tlaxcala (cinco), Baja California Sur (109 y Oaxaca y Nayarit (13), la menor).

En términos generales, el DNSP 2022 reveló que, en México, el sistema penitenciario no brinda una atención adecuada a las personas privadas de la libertad pertenecientes a estos grupos, situación que se corrobora al ser una de las diez irregularidades de mayor incidencia en el estudio.

Por ello, para la CND es importante, además de visibilizar a estas personas, solicitar a las autoridades respectivas que se adopten garantías reforzadas y medidas positivas concretas para garantizarles el goce pleno de sus derechos.