TLAXCALA CONTARÁ CON FISCALÍA ESPECIALIZADA EN LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE TORTURA
- Diputados aprobaron una reforma a la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala.
Por José Luis Ramírez Romero
Durante la sesión de este martes, los diputados locales aprobaron modificaciones a la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala, a fin de crear la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.
Durante más de cuatro años había prevalecido en Tlaxcala una omisión legislativa en materia de atención a este delito, ya que el 24 de diciembre de 2017 concluyó el plazo de 180 días que el Congreso de la Unión dio a las entidades federativas para armonizar su marco normativo con base en las disposiciones de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o penas crueles, Inhumanos o Denigrantes.
Por ello, había quedado pendiente la obligación de legislar para promover, respetar, proteger y garantizar el derecho de las personas a respetar su integridad personal, a efecto de recibir protección ante actos de tortura, lo que implicaba la creación de una Fiscalía Especializada para la investigación del delito de tortura.
Incluso, hace unos meses, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al Congreso del Estado información sobre las acciones que emprendía la actual legislatura para cumplir con los artículos Tercero y Sexto transitorios de la Ley General
En este contexto, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos presentaron el dictamen votado por el Pleno del Congreso local, a partir de la iniciativa formulada por el diputado Bladimir Zainos Flores (Nueva Alianza).
Derivado de ello, Tlaxcala contará con una Fiscalía Especializada para investigar delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que funcionará como Agencia del Ministerio Público con autonomía técnica y operativa.
Para ello, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) deberá efectuar los ajustes presupuestales necesarios que garanticen su operación.
Además, la reforma también contempla las características que tiene que observar quien ocupe su titularidad.
