OpiniónPORTADA

Sin fecha para reanudar actividades presenciales en el Congreso / PERSPECTIVA; OPINIÓN

Los diputados apenas van a revisar e integrar su protocolo de regreso seguro y que trabajadores regresan a las actividades parlamentarias, no tienen ni las mínimas medidas de sanidad y seguridad

Los poderes Ejecutivo y Judicial han regresado paulatinamente y responsable a sus actividades después de que el COVID-19 los obligó a cerrar la mayor parte de sus oficinas para evitar contagios de coronavirus entre la población tlaxcalteca.

Sin embargo, en el Poder Legislativo, con todo y que son pocos trabajadores, junto con 25 diputados, seguirán sin reanudar sus actividades presenciales dentro del Recinto Legislativo a pesar de que el Gobierno Federal ha colocado a Tlaxcala en Semáforo Amarillo del COVID-19, medición que permite reanudar prácticamente todas las actividades laborales dentro del territorio tlaxcalteca.

Lo que pasa dentro del Congreso estatal con los 25 Legisladores, es de pena porque apenas con semáforo amarillo, los diputados han informado que apenas van a revisar e integrar su protocolo de regreso seguro a las actividades parlamentarias, es decir no tienen ni las mínimas medidas de sanidad y seguridad que deben llevar a cabo para que los trabajadores de ese poder se reintegren a sus espacios laborales.

Mientras en la mayor parte de las oficinas públicas han tomado las medidas estrictas para laborar nuevamente, incluso en el Poder Judicial se preparan para la apertura total de sus instalaciones judiciales de Tlaxcala, los integrantes de la LXIII Legislatura no tienen ni si quiera la fecha exacta en la que deberán presentarse a laborar de manera presencial.

Y es que la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, María Isabel Casas Meneses, reveló que el protocolo que garantiza el regreso seguro a las actividades al interior del Palacio Legislativo será revisado en próximos días.

“En el transcurso de esta semana se atenderán las observaciones realizadas por la empresa encargada de elaborar el documento, a fin de garantizar la reanudación gradual de las actividades” parlamentarias, según dijo la representante popular.

Es decir, la decisión para el regreso del personal a las actividades no tiene una fecha concreta para reactivar los trabajos ordinarios dentro del Poder Legislativo. Lo que significa que seguirán ausentes de sus actividades legislativas, y claro, cobrando sus sueldos completos y todos los beneficios económicos que ello implica como los alrededor de 50 mil pesos mensuales de gestión.

Desde el mes de abril pasado, los congresistas aprobaron un acuerdo para suspender sus actividades presenciales para evitar contagios del COVID-19, y en este mes de septiembre, concretamente hoy 8 de este mes, los diputados tenían toda la intención de poder abrir las actividades presenciales.

Es decir, cinco meses después apenas van a revisar información de los trabajadores para saber quienes son los que ya se pueden integrar al trabajo o no.

¿Entonces qué hicieron en 5 meses?
No pudieron revisar que personas están dentro del grupo de riesgo del COVID-19 y quienes no, para que se presenten a laborar.

Lo que sí es un hecho, que una vez reanudadas las actividades legislativas ordinarias, los diputados trabajaran a marchas forzadas para cumplir con los muchos pendientes parlamentarios que tienen, empezando por la dictaminación de las cuentas públicas y otros temas más.