SE INVERTIRÁN MÁS DE MIL 970 MDP PARA GOBIERNO, SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

• Del total, 91% corresponden a recurso provenientes de ingresos de libre disposición y financiamientos.

Por José Luis Ramírez Romero

El gasto del Sector Gobierno, Seguridad y Procuración de Justicia para el presente año asciende a mil 970 millones 467 mil 104 pesos, de los cuales el 91% es recurso no etiquetado.

De acuerdo con datos del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, aprobado por el Congreso del Estado, la Secretaría de Gobierno (Segob) contará con una asignación de 152 millones 863 mil 009 pesos; la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de 909 millones 453 mil 489 pesos, y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), de 319 millones 223 mil 019 pesos.

Por su parte, la Secretaría de Finanzas (Sefin) dispondrá de 9 millones 349 mil 067 pesos; la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), de 11 millones 951 mil 167 pesos; y el Consejo Estatal de Población (Coespo), de 4 millones 144 mil 863 pesos.

En todos los casos, se trata de recursos no etiquetados, es decir, de dinero proveniente de ingresos de libre disposición y financiamientos.

Finalmente, la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (CESESP) accederá a un presupuesto total de 563 millones 472 mil 490 pesos, de los cuales 173 millones 602 mil 950 pesos están etiquetados para programas y acciones específicas en materia de seguridad.

Cabe recordar que, según el Artículo 21 párrafo noveno de la Constitución federal, la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia.

Es así que la seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la propia Constitución señala, y constituye a su vez el segundo rubro de prioridad del gasto estatal para el presente ejercicio fiscal.