Reto de SAET, implementación de Política Pública
La ejecución tiene que ver con el diseño y las capacidades institucionales, acciones medibles y concretas, un presupuesto esencial, bases de operación que deben incluir los ayuntamientos y sus OIC y el aprendizaje institucional
En conferencia de prensa virtual, el destacado ponente Rafael Enrique Valenzuela Mendoza, integrante de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Sonora, sostuvo que el Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala (SAET) tiene un gran reto para la implementación de la política pública recién aprobada.
“Felicitar a todo el Sistema Estatal Anticorrupción de Tlaxcala, por haber logrado la aprobación como la quinta entidad federativa que tiene una Política Pública Anticorrupción. Cinco de 32 es un número que refleja las dificultades que estamos teniendo en todos los estados para aterrizar en los cuatro ejes de la política nacional y mostrar la apropiación del proceso de diseño de esta política”.
En ese sentido, destacó que el gran reto que tiene Tlaxcala y de toda política es la implementación, así lo reconoce un estudio en el año 2006 cuando analiza por que fallan las políticas y la conclusión fue que se debe a que no se implementan adecuadamente, porque la política de las políticas públicas no logra los acuerdos suficientes para lograr los objetivos planteados.
En su ponencia, Valenzuela Mendoza, resalto que es la primera vez en el país que se implementan Políticas Anticorrupción, “todos vamos a construir el sistema estatal y nacional anticorrupción, además de la política hay distintos retos y oportunidades que nos han presentado a cada entidad federativa.
La política pública, dijo, es un proceso de tres etapas e implica el diseño, que se refiere a la formación de agenda de temas, en el caso de Tlaxcala son los cuatro ejes y los 39 compromisos que habrán de buscar acciones concretas para solucionar el problema público es decir la corrupción.
Otro factor es la implementación, la cual comprende acciones específicas, concretas, medibles que una vez diseñada la política deben desarrollarse, para medir el grado de cumplimiento de la política pública y el impacto sobre el fenómeno de la corrupción; además de la evaluación la cual depende de metodologías que ayudarán a comprender si se hizo correctamente, cuáles fueron los obstáculos y los mejores indicadores para saber si se avanza en la línea trazada desde el diseño de la política pública.
Incluso, sostuvo que la implementación, también está asociada al presupuesto y capacidades institucionales.
La política Nacional Anticorrupción reconoce que esta se debe prevenir, investigar y sancionar, para ello se crean los comités coordinadores que permitirá diseñar la política y ejecutar las acciones previstas.
Subrayó que los retos de la implementación tienen que ver con el diseño y las capacidades institucionales, acciones medibles y concretas, un presupuesto esencial, bases de operación que deben incluir los ayuntamientos y sus OIC y el aprendizaje institucional.
Como parte de la trayectoria de Rafael Enrique Valenzuela Mendoza, es doctor en política pública por la escuela de graduados en administración pública y política pública del Instituto Tecnológico y de estudios Superiores de Monterrey.
Docente en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, profesor invitado en la universidad Autónoma de Coahuila, Sonora, Universidad de Chile, de México entre otras, es reconocido por su destaca coautoría de su libro gobierno abierto, más innovaciones, más gobierno, más sociedad que consiste en propuestas para gobiernos locales.
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT e integrante de participación ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Sonora.
En la ponencia participaron Jaime Herrera Vara, presidente de Nopalucan y de la Asociación de la Confederación de Alcaldes en Tlaxcala, así como el comisionado del IAIP, Fernando Hernández López.
