Protegidos, más de 4 mil trabajadores de salud contra agresiones

En Tlaxcala entran en vigor nuevas sanciones que se elevaron al doble para evitar agresiones a trabajadores y personal de salud en la contingencia del Covid-19

Más de 4 mil trabajadores de salud de instituciones públicas y privadas del estado de Tlaxcala están protegidos legalmente contra agresiones y actos discriminatorios que puedan sufrir a consecuencia de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19, pues ha entrado en vigor el endurecimiento de las penas establecidas en el Código Penal del estado.

Ya es oficial en la entidad tlaxcalteca la sanción de hasta seis años de cárcel y multa de hasta 400 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a la persona o más que confronten verbal, físicamente e incite a la violencia contra enfermeras; enfermeros, doctoras, doctores, camilleras y camilleros, así como demás personal de la Secretaría de Salud (Sesa), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y hospitales privados.

Para proteger la integridad física del personal del sector salud estatal y federal, así como disuadir cualquier intento de violencia contra ellos durante la emergencia sanitaria del Coronavirus, el gobierno estatal de Marco Antonio Mena Rodríguez público, en el Periódico Oficial de fecha 27 de abril de 2020, las reformas y adiciones que el Congreso local realizó hace unos días a los artículos 186, primer párrafo del numeral 375, la inclusión del tercer párrafo al artículo 375, todos del Código Penal del Estado de Tlaxcala, para garantizar mayor seguridad a los profesionales de la salud.

Con ello, se resguarda la integridad física del personal médico de los hospitales del Sur ubicado en el municipio de Nativitas, General de San Pablo del Monte y General de Huamantla, donde principalmente se atienden a personas que han requerido hospitalización por las complicaciones en su salud a consecuencia del Coronavirus.

Medida que también protege al resto del personal médico que labora en los Centros de Salud y demás hospitales de Tlaxcala.

Hasta el momento, en el territorio de la entidad tlaxcalteca no se ha registrado un solo caso de agresión al personal médico y de salud, sin embargo, tanto el Poder Legislativo como el Gobierno del estado que encabeza Marco Mena han aumentado las sanciones al doble para evitar que se presenten casos de violencia contra el personal médico y garantizar su seguridad y tranquilidad en el cuidado de las personas que han sido hospitalizadas por el Covid-19.

En días pasados, el secretario de Salud en la entidad, René Lima Morales, informó que en Tlaxcala son más de 4 mil trabajadores registrados tan solo en la Secretaría de Salud (Sesa).

De acuerdo con el decreto número 204 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del estado, número extraordinario del 27 de abril pasado, establece en el artículo 186 del Código Penal de Tlaxcala que a la persona o grupo de personas que «cometan un delito contra un servidor público o agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además de las penas que correspondan por el delito cometido, se le impondrá de uno a tes años de cárcel y multa de 100 a 300 veces el valor de la UMA.

Ademas la pena de prisión deberá aumentarse tres años más, además de la que le corresponda por el delito cometido, «cuando las conductas a que se refiere este artículo, sean cometidas en contra de cualquier servidor público, que en términos de la Ley de la Materia, participe en la prestación de servicios de salud de las dependencias y entidades que constituyen el sistema estatal de salud o de los municipios, durante el periodo que comprenda alguna epidemia, riesgo o emergencia sanitaria».

También en este supuesto de delito la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) actuará de oficio y abrirá las investigaciones correspondientes para sancionar a los imputados que incurran en estas acciones penadas en Tlaxcala.

Asimismo, las nuevas sanciones establecidas en el artículo 375 del Código Penal vigente en la entidad tlaxcalteca, agregan que «se impondrá de uno a tres años de cárcel y multa de 100 a 300 UMA’s al que por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas», establece el texto del Código Penal local.