Propuesta de Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento quita responsabilidad a las industrias sobre tratamiento de aguas residuales: Fray Julián Garcés

• Solicitan haya disponibilidad para iniciar un diálogo en el que incluya la participación de comunidades y de expertos, para crear una ley que garantice y respete los derechos humanos

Isabel Polvo

La propuesta con proyecto de decreto de ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Tlaxcala impulsada por la diputada Marcela González Castillo no debe ser aprobada, puesto que la iniciativa no tiene como base el reconocimiento de que el 80 por ciento de los municipios son parte de la Cuenca del Alto Atoyac, la cual ha sido reconocida como una región de emergencia sanitaria y ambiental con un alto impacto negativo de la contaminación de los ríos sobre la salud de la población.

Hasta en tanto, se cuente con una ley que realmente garantiza el derecho humano individual y colectivo al agua subsaneamiento gestión integral y conservación, subrayó Alejandra Méndez Serrano directora del Centro Fray Julián Garcés en conferencia de prensa.

Añadió que la iniciativa presentada por la diputada morenista, no toma en cuenta que a partir de los procesos de urbanización y particularmente el de industrialización se ha generado un agotamiento de la disponibilidad hídrica.

«Se calcula que el acuífero del alto atochar entre 2013 y 2020 registró una disminución de 17.327 millones de m3 en su disponibilidad, que representa el 37.09 por ciento del total con respecto a 2013», de acuerdo con investigaciones del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales.

Por tanto, la ley debe incluir la preservación de los actuales cuerpos de agua ya sean superficiales o subterráneos y la iniciativa no es garante del derecho humano al agua individual y colectivo ya que en la exposición de motivos señala que «se trata de regular el derecho humano al agua, haciéndolo compatible con la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento para el estado».

Lo anterior, significa que el derecho al agua se condiciona a la existencia de la infraestructura Y a lo dispuesto en la propuesta de ley y no al revés como debería ser una ley y el desarrollo de esta infraestructura para garantizar el derecho al agua», explicó.

Entre otras cosas la iniciativa también es violatoria del derecho humano al agua porque en la exposición de motivos señala que la «Organización Mundial de la Salud ha establecido que son necesarios entre 50 a 100 litros de agua por persona al día, para garantizar que se cubren las cantidades básicas; además se centraliza y desconoce la gestión y administración del agua que realizan las comunidades a través de sus comités comunitarios los cuales son grupos ciudadanos elegidos por sus comunidades.

Incluso, la iniciativa propuesta por la legisladora Marcela González le quita la responsabilidad a las industrias sobre el tratamiento de sus aguas residuales siendo este sector el que vierte las sustancias más tóxicas a los cuerpos de agua.

Por el contrario, la propuesta con proyecto de decreto de Ley se centra en plantear el tratamiento de aguas a través de organismos operadores pudiendo además concesionar el tratamiento, generando así la probabilidad de iniciar un proceso de privatización del tratamiento de aguas residuales

Alejandra Méndez, recordó que organizaciones de la sociedad civil, grupos comunitarios, científicas y científicos se han sumado en las últimas dos décadas para denunciar la grave devastación socioambiental de la Cuenca del alto Atoyac.

Durante la conferencia de prensa en la capital de Tlaxcala, se contó con la participación de Laura Méndez Rivas y Alejandra Ramírez Varela, coordinadora por un Atoyac con vida; Omar Arellano Aguilar investigador de la facultad de Ciencias UNAM; Pedro Moctezuma Barragán integrante de agua para todos agua para la vida e investigador de la UNAM y Rodrigo Gutiérrez Rivas investigador del instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM.

En su intervención Rodrigo Gutiérrez externó que el derecho al agua, es un derecho del que depende la vida de las personas, por tanto cortar el servicio de agua «es gravísimo, eso está prohibido por el Derecho Internacional».

En caso de que la iniciativa sea aprobada en los términos en los que está, cualquier amparo de una forma sostenible va a prosperar, porque esos artículos son claramente contrarios a la Constitución y al derecho Internacional de los Derechos Humanos.

En principio las legisladoras y los legisladores tienen la obligación de abrir la puerta al diálogo, «eso pedimos, nuestro derecho a la participación creemos que eso es lo que más convendría al Estado una participación activa con diálogo abierto que permita generar una sola ley que garantice los Derechos Humanos», sostuvo la directora del Centro Fray Julián Garcés.