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PROPONEN LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA

  • Busca establecer disposiciones y generar políticas de mitigación, adaptación y resiliencia a este fenómeno mundial que afecta la salud humana y genera problemas económicos, sociales y ambientales.

Por José Luis Ramírez Romero

Durante la sesión de este jueves, se presentó la iniciativa de Ley de Cambio Climático para el Estado de Tlaxcala, a efecto de establecer disposiciones y generar políticas de mitigación, adaptación y resiliencia a este fenómeno mundial que afecta la salud humana y genera problemas económicos, sociales y ambientales.

La diputada Marcela González Castillo (Morena), en su calidad de Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, leyó la propuesta que aborda temáticas como: preservación, restauración y manejo de los recursos naturales y protección al ambiente; así como regulación de actividades como agricultura, ganadería, pesca, y acuacultura; además de educación ambiental, ordenamiento territorial, infraestructura y movilidad.

También, plantea condiciones de coordinación entre dependencias del Ejecutivo Estatal y los ayuntamientos para aplicar criterios e instrumentar acciones para la mitigación de gases de efecto invernadero, el desarrollo de campañas de educación y difusión sobre efectos adversos a la salud y el entorno, y el establecimiento de una Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y un Observatorio Ciudadano.

Según la legisladora, en Tlaxcala hay al menos 27 municipios vulnerables a los efectos del cambio climático, de los cuales 25 se encuentran en primer nivel de priorización, que son Amaxac, Apetatitlán, Atltzayanca, Calpulalpan, Cuaxomulco, Chiautempan, Ixtenco, Mazatecochco, Tepetitla, Sanctórum, Acuamanala, Panotla, Santa Cruz Tlaxcala, Tenancingo, Tepeyanco, Tlaxcala, Tlaxco, Xaltocan, Zitlaltépec y Lázaro Cárdenas, mientras que Tocatlán y Totolac están en segundo nivel de atención.

La también Presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP) destacó la necesidad de esta nueva norma, tras advertir la importancia de homologar la legislación federal con la local y cumplir con lo establecido en la Agenda 2030, el Acuerdo de París y el Protocolo de Kyoto, en materia de atención y control de la emisión de contaminantes.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y Medio Ambiente para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.