PROPONEN CREACIÓN DEL LABORATORIO DE INNOVACIÓN MUNICIPAL
- Pretenden que asuma la rectoría de las políticas públicas en materia de desarrollo regional, para que los municipios aprovechen el potencial de la “Economía Naranja” y la “Economía Verde».
Por José Luis Ramírez Romero
La diputada Diana Torrejón Rodríguez (PRI) propuso al Pleno del Congreso del Estado una iniciativa para reformar la Ley de Fomento Económico del Estado de Tlaxcala, a efecto de crear el Laboratorio de Innovación Municipal (LIM), un organismo público descentralizado (OPD) encargado de la rectoría de las políticas públicas en materia de desarrollo regional.
Y es que, a través de este OPD, se buscaría la aplicación y cumplimiento de la propia Ley de Fomento Económico.
De acuerdo con la legisladora, a pesar de la prevalencia del sistema federalista en México, la creación del LIM “permitiría la reestructuración de las dinámicas regionales internas, así como la creación de nuevas”, a efecto de dar mayor estabilidad y capacidad de actuación en la materia al primer nivel de gobierno.
Al respecto, afirmó que el LIM “estaría en la planeación de inversiones en infraestructura cultural, educación artística, protección de derechos de propiedad intelectual y facilitación de emprendimientos culturales”, a efecto de aprovechar el potencial de la “Economía Naranja” para generar empleo, diversificar la economía y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.
Dicha economía, dijo, “se refiere a la intersección entre la cultura, la creatividad, el arte y los negocios”, lo que abarca industrias que estimulan la innovación, fomentan la diversidad cultural y fortalecen la identidad local, “como el arte -que incluye cine, música, teatro, literatura y arquitectura-; la creatividad -como el diseño, moda y videojuegos-, y el turismo cultural, entre otros”.
Por otro lado, consideró que también incidiría en el aprovechamiento de la “Economía Verde”, que promueve la eficiencia en el uso de los recursos, la adopción de tecnologías limpias, la reducción de emisiones contaminantes y la conservación de la biodiversidad, para “lograr la equidad social y el bienestar humano”, por lo que “se enfocaría en la inclusión de grupos vulnerables, la creación de empleo digno, la reducción de la pobreza y la promoción de la justicia social”.
“Debido a que la última vez que se modificó la actual ley fue en el año 2009, es necesario generar una actualización y adaptación de la manera en la que se entiende la economía estatal. Tenemos una deuda histórica enorme con los 60 municipios que constituyen nuestro estado debido a que nunca se ha pensado en un crecimiento adaptado a sus capacidades y fortalezas, razón por la que no podemos desentender el término de progreso con el de pertinencia social”, apuntó la congresista.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Económico y de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su análisis y estudio correspondiente.
