PROPONE DIPUTADA MARCELA GONZÁLEZ FACULTADES Y OBLIGACIONES A LOS AYUNTAMIENTOS EN MATERIA AMBIENTAL
- Plantea armonizar la Ley Municipal con las disposiciones de la Ley de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de Tlaxcala.
Por José Luis Ramírez Romero
En su calidad de Presidenta la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXIV Legislatura, la diputada Marcela González Castillo presentó al Pleno del Congreso del Estado una propuesta para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, a fin de establecer facultades y obligaciones para los Ayuntamientos en materia medioambiental.
Con esta iniciativa, la también coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena busca cumplir con el Artículo Noveno Transitorio de la Ley de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de Tlaxcala, que instruye al Poder Legislativo realizar modificaciones a la normatividad municipal vigente, a efecto de crear la unidad Municipal de Protección al Medio Ambiente, el Consejo Municipal de Medio Ambiente y la Red Municipal de Medio Ambiente.
Lo anterior, a fin de hacer efectivo el fomento de una educación y una cultura ambientales, así como el derecho de las personas a disfrutar de un ambiente sano para su desarrollo y bienestar desde lo local.
Además, de lograrse esta armonización legislativa, Tlaxcala estaría en condiciones de cumplir con diversas metas de los Objetivos para el Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030, principalmente las relacionadas con la disminución sustancial de desechos, mediante políticas de prevención, reducción, reciclaje y reutilización; el acceso a la justicia y la construcción de instituciones sólidas e inclusivas; la rendición de cuentas y la construcción de alianzas en las esferas pública, pública-privada y sociedad civil, todas las cuales son necesarias desde el ámbito de la administración pública municipal.
Con la enmienda impulsada por la legisladora Marcela González, los gobiernos municipales deberán emitir disposiciones reglamentarias, aprobar presupuestos, y emitir planes y programas, con una perspectiva ambiental, además de promover la participación de la sociedad en la atención y protección de los recursos naturales de sus comunidades.
