Prevalece en Tlaxcala omisión legislativa para atender el delito de tortura
- Desde hace cuatro años debió crear la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Tortura
Durante más de cuatro años ha prevalecido en Tlaxcala una omisión legislativa en materia de atención al delito de tortura.
El 24 de diciembre de 2017 concluyó el plazo de 180 días que el Congreso de la Unión dio a las entidades federativas para armonizar su marco normativo con base en las disposiciones de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Sin embargo, pasaron dos legislaturas y quedó pendiente en la entidad la obligación de legislar para promover, respetar, proteger y garantizar el derecho de las personas a respetar su integridad personal, a efecto de recibir protección ante actos de tortura, lo que implica la creación de una Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Tortura.
La reciente iniciativa de Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes para el Estado de Tlaxcala, presentada por la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social de la LXIV Legislatura, aborda la armonización, pero no considera la creación de este órgano, por estimar que debe analizarse en la normatividad orgánica correspondiente al Ministerio Público.
Ante ello, el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza contempla, dentro de su agenda legislativa, la creación de dicha Fiscalía Especializada que, de acuerdo a la legislación federal, debe contar con plena autonomía técnica y operativa para el conocimiento, investigación y persecución del delito de tortura, y con Ministerios Públicos, policías, servicios periciales y técnicos especializados, así como disponer de recursos humanos, financieros y materiales para su adecuado funcionamiento.
Este martes, se presentó ante el pleno del Congreso local la iniciativa de reformas a los artículos 7,11 primer párrafo, 15 y las adiciones de la fracción XVII al artículo 5, y el artículo 19 quinquies de la Ley Orgánica de Institución del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala, a fin de generar el mecanismo jurídico procesal encaminado a materializar dicho órgano.
La fiscalía propuesta por Nueva Alianza conocería de aquellas denuncias en trámite en materia de tortura, así como las que se llegaran a presentar, iniciadas a partir del 25 de diciembre de 2017.
Además, de ser aprobada la reforma, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) tendría que efectuar los ajustes presupuestales necesarios, o solicitar la ampliación respectiva, para poner en operaciones la nueva fiscalía, y contaría con un plazo de 90 días para realizar las modificaciones de orden reglamentario y administrativo que resulten necesarias para que este organismo cumpla sus funciones.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
