Por violencia de género, pide CEDH comparecencia de alcaldesa de Ayometla
Se negó a aceptar una recomendación desde abril, derivada de una queja interpuesta por dos regidoras y una presidenta de comunidad
Miguel Ángel Lara
Por incurrir en actos de violencia política en razón de género, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) solicitó al Congreso del Estado se convoque a la presidenta municipal de Ayometla, Maribel Meza Guzmán, a comparecer y aclarar por qué la negativa de aceptar recomendaciones en torno a las quejas de dos regidoras.
La presidenta de la CEDH, Jakeline Ordóñez Brasdefer, se apoyó del poder legislativo debido a que la alcaldesa y el síndico municipal probablemente violaron los derechos de dos integrantes del ayuntamiento, mismas que levantaron la denuncia dando lugar a la recomendación 03/2024 emitido el 25 de abril.
Esta recomendación, de la que en su momento fue notificada a la autoridad responsable, deriva del expediente número CEDHT/VEGT/29/2022, que da cuenta de los hechos relatados por dos personas servidoras públicas municipales de ese ayuntamiento, quienes emitieron, cada una por su parte, dos expedientes de queja por presuntas violaciones a sus derechos humanos, las cuales fueron atendidas por la Visitaduría especializada en asuntos de género y contra la trata de personas, del organismo autónomo.
Cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió las recomendaciones que consideró oportunas para los funcionarios municipales, estos se negaron a acatarlas, por lo que ahora la presidenta municipal debe comparecer ante los diputados y aclarar por qué no cumplió la ley.
El expediente de la queja refiere que Maribel Meza Guzmán y Javier Morales Madrid no respetaron los preceptos de una vida libre de violencia en sus modalidades de institucional, laboral y psicológica, en agravio de las regidoras Cecilia Morales Meza y Lizeth Meza Saucedo, incluyendo a la presidenta de comunidad del barrio de Tlapayatla, Madeline Ortíz.
En el documento enviado al Congreso, la Ombudsperson detalló que la alcaldesa y el síndico municipal deberán explicar de forma fundada el motivo de su negativa para aceptar la recomendación, puesto que no hacerlo significa una violación a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
Las recomendaciones que emitió la CEDH en mayo pasado consistían en los siguientes puntos:
1. El Órgano Interno de Control del ayuntamiento debe investigar, sustanciar y calificar las faltas administrativas en las que hayan incurrido las autoridades responsables, respecto de sus actos u omisiones que derivaron en violaciones a derechos humanos y emitan la resolución correspondiente.
Este mismo órgano interno debe girar instrucciones a las autoridades responsables de abstenerse de realizar actos de molestia o violencia contras las víctimas y no obstaculizar su desempeño como servidoras públicas, entre otras.
2. Que las autoridades responsables, en su carácter de presidenta y síndico, realicen una disculpa pública a manera de reparación de daño moral, la cual debe pronunciarse en sesión pública de cabildo de manera clara y precisa por las violaciones a los derechos humanos de las quejosas.
3. Que en el ayuntamiento de Santa Catarina Ayometla se instrumenten y ejecuten cursos de capacitación, pláticas o talleres, en materia de derechos humanos, a los servidores públicos vinculados a esta recomendación y a todo el personal que labora en esta institución pública municipal.
