Estado

Plantean reforma constitucional para crear Fiscalía General de Justicia del Estado

  • A nivel nacional, Baja California Sur, Hidalgo y Tlaxcala carecen de esta figura

Por: José Luis Ramírez Romero

La presidencia de la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso local planteó una reforma a la Constitución local a fin de crear la Fiscalía General de Justicia del Estado, que reemplazará a la actual Procuraduría, y tendrá carácter de órgano público autónomo.

De acuerdo con la iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, el nuevo órgano sería encabezado por un Fiscal General de Justicia, quien sería designado mediante un procedimiento que involucre, a candidatos que surjan de la sociedad civil, con la participación de los poderes Ejecutivo y Legislativo en el desarrollo del procedimiento, que quedaría establecido en una convocatoria.

Además, se buscaría garantizar su independencia y permanencia, ya que para su remoción no sería necesaria solo la decisión del gobernador en turno, como actualmente ocurre, sino que deberá respetar un procedimiento previamente establecido en la ley para tal fin, y solo por las acusas que por su propia normatividad orgánica determine.

Con la reforma constitucional se propone también la armonización de la nominación de la Policía de Investigación, y un cambio en la percepción ciudadana de esta institución, defensora de los derechos ciudadanos, que luche contra la corrupción y sea emanada de la sociedad.

A la fecha, la mayoría de los estados han hecho sus respectivas reformas constitucionales para contar con organismos autónomos encargados de la procuración de justicia, en armonía con las disposiciones federales. Sin embargo, junto con Baja California Sur e Hidalgo, Tlaxcala tiene este pendiente.

Con la autonomía constitucional de la Fiscalía General de Justicia, se pretende inhibir cualquier tipo de intromisión en sus decisiones, por parte de actores políticos, poderes y organismo del Estado, lo que garantiza su independencia y aumentaría sus niveles de confianza ciudadana.