Plantea diputada reforzar ley de bienestar animal con penas de cárcel
Hasta 6 años de prisión para quien prive de la vida a un animal, y hasta mil UMA’s por maltrato
El Congreso del Estado tiene la oportunidad de reforzar la Ley de Bienestar Animal a través de la propuesta de tipificar el delito de biocidio y que se ejecuten penas de cárcel para aquellas personas que, de manera dolosa, priven de la vida a un animal doméstico.
La iniciativa vino de la diputada local Blanca Águila, quien propuso sancionar penalmente a quien, de manera dolosa, injustificada o atroz, dañe a un animal utilizando métodos crueles o fuera de las normas oficiales. De aprobarse, el nuevo artículo 436 Bis del Código Penal impondría penas de tres a seis años de prisión y multas de 700 a mil UMA´s a quien incurra en estas conductas.
La iniciativa responde a la necesidad de fortalecer el marco jurídico estatal en materia de bienestar animal, derivado de la reforma constitucional federal de 2024 que reconoció a los animales como seres sintientes y prohibió el maltrato.
En sus argumentos, la diputada local relató que la sobrepoblación canina y felina es un problema que debe atenderse en Tlaxcala, causada principalmente, dijo, por la nula educación sobre el cuidado responsable e insuficiente cobertura de esterilización quirúrgica, entre otros aspectos.
“Con esta reforma, Tlaxcala enviará un mensaje claro y contundente de respeto hacia los seres vivos con los que compartimos nuestro entorno”, puntualizó.
Agregó que, dadas las circunstancias actuales en la entidad, resulta relevante continuar fortaleciendo el marco jurídico en materia de Bienestar Animal, por lo que consideró que la inclusión del delito de biocidio en el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala es una medida urgente y necesaria.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, y se dio en el marco de las inconformidades que mostró un grupo defensor de mascotas al enterarse de que una regidora del ayuntamiento de Nopalucan autorizó la actuación de la perrera para retirar a un grupo de perros que solían estar cerca de la entrada de una escuela primaria, y que, a decir de los transeúntes, eran inofensivos.
El argumento de la servidora pública y la directora de la escuela fue que, aunque los animales no hacían daño, sí daban mal aspecto a la institución educativa.
