Legisladores locales sabían que no cumplirían con dictaminación de cuentas públicas

• Un análisis del OFS arrojó que es “técnica y legalmente imposible” dar cumplimiento a la entrega de los informes individuales, debido a los estrechos plazos y términos que establece la ley

José Luis Ramírez Romero

Desde noviembre pasado, los diputados locales sabían que no podrían cumplir en tiempo y forma la dictaminación de las cuentas públicas de los entes fiscalizables correspondientes a los primeros nueve meses del ejercicio fiscal 2021.

Lo anterior, al identificar que las actuales disposiciones constitucionales que regulan la facultad del Congreso del Estado en materia de dictaminación y pronunciamiento respecto a la aprobación o no de las cuentas públicas de los entes fiscalizables resultan “técnica y legalmente imposibles de cumplimiento”.

Por esa razón, al 15 de diciembre de 2021, fecha formalmente establecida como límite para la emisión de los respectivos dictámenes, el Poder Legislativo no estuvo en aptitud de formularlos, al no haber recibido los informes individuales que establece la ley.

La LXIV Legislatura local inició funciones el 31 de agosto del año pasado, y a través de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, en el mes de octubre, se avocó a la recepción de las cuentas públicas de los entes fiscalizables, relativas al trimestre de julio a septiembre del mismo año, remitiéndolas de forma inmediata al Órgano de Fiscalización Superior (OFS), para su revisión y fiscalización superior.

Cabe recordar que, respecto a la fiscalización del periodo enero-septiembre de 2021, ya no pudo participar la pasada legislatura para efectos de dictaminación, puesto que concluyó su periodo de ejercicio legal el 29 de agosto, por lo que sólo se limitó a recibir las cuentas públicas de los periodos trimestrales de enero a marzo y de abril a junio, para enviarlas al OFS.

En ese sentido, y conforme lo establece el inciso b) de la fracción XVII del artículo 54 de la Constitución Política del Estado, las cuentas públicas del periodo enero a septiembre de la anualidad pasada debían dictaminarse, a más tardar, el pasado 15 de diciembre.

Por ello, mediante el oficio CFyF-DPMGLC./190/2021, de fecha 10 de noviembre, presentado el día siguiente, la Comisión de Finanzas solicitó a la titular del OFS que informara la fecha en que presentaría ante el Congreso del Estado los informes individuales concernientes a cada ente fiscalizable para proceder a su dictaminación.

En respuesta, mediante el oficio OFS/2971/2021, fechado el 12 de noviembre, la Auditora Superior respondió que “resulta técnica y legalmente imposible que se dé cumplimiento a la entrega de los informes individuales por los periodos enero-septiembre y octubre-diciembre, señalados en el precepto constitucional referido, en relación con los plazos y términos establecidos en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios”.

Lo anterior, por considerar que implicaría vulnerar el debido proceso de fiscalización, al no otorgar los plazos a que tienen derecho los entes fiscalizables.

Y es que, dado que las cuentas públicas relativas al trimestre de julio a septiembre deben presentarse a más tardar el 30 de octubre, entre esa fecha y el 15 de noviembre, que constituye la fecha límite para presentar los informes de resultados al Congreso local, únicamente hay 16 días, los que, a decir de la Comisión de Finanzas, “sólo podría utilizarse para la revisión correspondiente y para la formulación de dicho documento”, aunque de forma muy apresurada, por lo que materialmente anulan la posibilidad de emitir pliegos de observaciones anuales.

Debido a ello, los diputados que integran la Comisión concluyeron que se hace deficiente la revisión y fiscalización en estricto sentido, y además se afecta el derecho fundamental de audiencia de los entes públicos y sus servidores públicos relacionados, por lo que se hace necesaria una reforma que brinde al Congreso una delimitación del tiempo oportuno para cumplir con esta obligación.

Para la Coordinadora Nacional de la Sociedad Civil (Conaso), la reforma planteada por los diputados locales en esta materia es un intento de justificar la omisión en que incurrieron al no cumplir con los plazos legales.

“Quieren remendar sus errores cambiando la ley”, señaló.