INVESTIGARÁ CONGRESO AL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
El poder legislativo nombró una comisión para reunir pruebas por una denuncia de juicio político; tienen 15 días para recabar evidencias
Por: Miguel Ángel Lara
Diputados del Congreso de Tlaxcala avalaron la creación de una comisión especial que se encargará de investigar al Órgano de Administración Judicial del Estado con el objetivo de recabar pruebas relacionadas con un procedimiento de juicio político.
El poder legislativo nombró a Maribel León Cruz, Reyna Flor Báez Lozano y David Martínez del Razo como los legisladores que tendrán a su cargo analizar los elementos relacionados con la solicitud de juicio político, y llevar a cabo las diligencias a fin de determinar o no su procedencia.
La comisión fungirá como el órgano encargado de la sustanciación de una etapa del procedimiento y forma parte de los trámites para Juicio Político que competen al poder legislativo tlaxcalteca.
Para esto, los legisladores locales contarán con un plazo de 5 días hábiles antes de que el caso sea expuesto ante el Pleno; la comisión deberá elaborar el informe correspondiente y emitirlo a la Presidencia de la Mesa Directiva, donde se tomará la decisión de acuerdo con lo que presenten.
La decisión corresponde al expediente LXV-SPPJP-002/2026 y su cumplimiento obedece a lo establecido en el artículo 109 de la Constitución Política para el Estado libre y Soberano de Tlaxcala, y los artículos 21, 23, 24 y 25 de la legislación local en materia de responsabilidades de los servidores públicos.
La solicitud de juicio político deriva de la denuncia que un grupo de abogados presentó, en contra de los integrantes del Órgano de Administración Judicial del Estado de Tlaxcala por presuntas violaciones a la Constitución local, luego de tomar protesta y nombrar jueces interinos sin contar con facultades para ese procedimiento.
En la queja, los demandantes argumentaron que la Constitución Política de Tlaxcala únicamente faculta al Órgano de Administración Judicial para realizar funciones administrativas, sin otorgarle la atribución de nombrar jueces, puesto que dicha facultad corresponde al Congreso del Estado.
Los quejosos señalaron que la designación ilegal de los jueces puede traer consecuencias legales al probablemente cometer el delito de ejercicio ilícito de funciones, por lo que estas circunstancias deberán ser investigadas y aclaradas por la comisión que nombró el Congreso en los tiempos previstos.