GOBERNANZA METROPOLITANA
Por José Luis Ramírez Romero
Lorena Cuéllar y Miguel Barbosa firmaron el acta de instalación de la Comisión de Ordenamiento Metropolitano de la Zona Metropolitana Puebla–Tlaxcala.
Ambos mandatarios encabezaron su Primera Sesión Ordinaria en la que establecieron la Agenda de Trabajo para el Fortalecimiento de la Planeación y Gobernanza 2022.
Con este instrumento, y el respaldo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Tlaxcala y Puebla establecieron nuevas bases de colaboración para hacer frente a los retos que, en materia de conurbación, enfrentan 39 municipios de ambas entidades que, en su conjunto, integran la segunda zona metropolitana más compleja del país.
De esta manera, pretenden coordinar programas metropolitanos y gestionar, evaluar y vigilar su cumplimiento, con mira a impulsar una gobernanza metropolitana que permitan cambiar la manera en que se abordan y resuelven los problemas de la población asentada en esta zona.
Sin embargo, esto implica no solamente la voluntad de los tres órdenes de gobierno involucrados, sino el establecimiento de mecanismos de coordinación efectivos para resolver en el mediano y largo plazo temas de alta relevancia regional, como la crisis hídrica y la contaminación de los ríos Zahuapan-Atoyac, y la contaminación atmosférica generada por el aumento de la motorización y la movilidad.
En tal sentido, destacan tres decisiones importantes: 1) la integración del Consejo Consultivo y su apertura a asociaciones civiles y expertos para enriquecer las propuestas de desarrollo metropolitano; 2) la elaboración del Plan Metropolitano durante lo que resta de este año; y 3) el análisis para contar con un Observatorio Metropolitano o un Instituto Metropolitano de Planeación.
En las últimas dos décadas, los gobiernos de Tlaxcala y Puebla han entablado acuerdos para enfrentar los desafíos de la metrópoli que comparten. No obstante, en los hechos han fracasado debido a que las acciones que han derivado de ellos han carecido de planeación, haciéndolas insostenibles en el tiempo. Y esta circunstancia ha provocado que los efectos de los problemas que han intentado remediar se agudicen.
Mientras las manchas urbanas se han extendido sin regulaciones, los gobiernos a nivel federal, estatal y municipal han funcionado de modo separado, limitando el impacto de sus presupuestos. Sus obras y programas han resultado un paliativo para las crisis generadas por el crecimiento demográfico y el consecuente aumento en la demanda de servicios.
La población ha resentido los efectos de la falta de comunicación e involucramiento de las autoridades en sus problemas, mismos que se reflejan en los índices de rezago, en el aumento de las carencias sociales y los niveles de marginación, que no conocen de límites territoriales.
Realmente urgen condiciones para una auténtica interacción entre gobiernos locales que mitigue la descoordinación que ha prevalecido durante varios sexenios. No basta que un municipio o un estado administren sus propios sistemas de atención a sus habitantes, si además de probar que son ineficientes, se desarrollan de modo separado. Es su descoordinación, justamente, la razón que acelera su desgaste.
Es deseable que la intención de los actuales gobiernos de Tlaxcala y Puebla se traduzca en resultados, no únicamente en asuntos medioambientales, sino también en aspectos demográficos, urbanos, administrativos, económicos, culturales, de infraestructura, de seguridad y de bienestar social, y que con responsabilidad asuman los costos políticos de decisiones impopulares que se signifiquen en el futuro como auténticos beneficios.
De buena vez, la gobernanza metropolitana debe pasar del dicho al hecho.
