Frena demanda operación del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en Tlaxcala

• La CNDH interpuso un recurso por inconstitucionalidad ante la SCJN; el Congreso de Tlaxcala no tiene la facultad para reglamentar en materia de extensión de dominio

Una demanda, interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos mantiene frenada la creación del Instituto Tlaxcalteca para Devolver al Pueblo lo Robado, anunciado desde inicios del año pasado y aprobado en el Congreso en febrero de 2023.

A pesar de que ya se designó quién lo dirigirá y ya hay un presupuesto para su operación en este año, el caso se mantiene en pausa desde hace varios meses, debido a que, de acuerdo con la denuncia, los diputados locales cometieron una acción de inconstitucionalidad durante la votación.

La CNDH explicó en su momento, que el motivo de la acción de inconstitucionalidad en el trabajo de los diputados tlaxcaltecas obedece a que el Congreso del Estado no tiene facultades para reglamentar la materia de extinción de dominio, ya que ello es facultad del Congreso de la Unión.

Abc Noticias informó en septiembre de 2023, que la acción de inconstitucionalidad se presentó en contra de los artículos 1, fracción IX; 7, fracciones IV, VI, VIII, XII, XIII y XXII; 32, primer párrafo; 99, fracción III; la totalidad de los Capítulos VI —que abarca los artículos 103 a 114— y VII —artículos 115 y 116—; 120; 123, fracción I; 124, 125 y 126, de la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala, inicialmente presentada por la persona titular del Poder Ejecutivo en el Estado, por considerar que “son incompatibles con el parámetro de regularidad constitucional”.

“En el presente concepto de invalidez se argumenta que las disposiciones impugnadas de la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala, transgreden el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, toda vez que regulan cuestiones en las que el Congreso local carece de habilitación constitucional y creando así una doble regulación sobre una misma materia”, señala la institución presidida por Rosario Piedra Ibarra en su impugnación. 

De este modo, y con 18 millones de pesos aprobados para 2024, el Instituto Tlaxcalteca para Devolver al Pueblo lo Robado se mantiene pendiente, hasta que las instituciones federales analicen y decidan si podrá o no operar, en tanto existe una regulación federal que se debe acatar.