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Exámenes de control y confianza cuestan 12 millones anuales al gobierno

  • La gobernadora pidió a los alcaldes compensar este esfuerzo a través de mejores condiciones de trabajo para los policías y comprometerse con la seguridad

Los exámenes de control y confianza que se aplican a elementos de las direcciones de seguridad pública municipales para que estén mejor capacitados y cuenten con la certificación para realizar su trabajo cuestan al gobierno del Estado unos 1 millones de pesos al año.

Así lo reveló la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, al señalar que una manera de apoyar a los alcaldes para que los municipios cuenten con corporaciones de seguridad fortalecidas y capaces ha sido cubrir los costos de las pruebas para la certificación policial.

Por eso, solicitó a los presidentes municipales que retribuyan el esfuerzo que hace la administración estatal a través de mayor trabajo de su parte en materia de seguridad, contratar a más personas y otorgar mejores condiciones laborales no solo a los policías, sino a todos los trabajadores del ayuntamiento.

La gobernadora señaló que su administración ha puesto especial énfasis en el apoyo a la seguridad y la certificación de los elementos que día a día se encargan de mantener la paz y el orden en la entidad, porque al contar con la certificación, la policía es apta para portar y manejar armas, así como acreditar las puestas a disposición, ya que esta suele ser una de las razones por las que algunos delincuentes quedan libres; al ser detenidos por policías sin certificar esta carece de legalidad.

“Hemos hecho algo histórico para los municipios, pues antes cada uno tenía su propio presupuesto y ahora nos hemos dado a la tarea de pagar inclusive la certificación que es costosa, son millones de pesos, para que los presidentes solo nos envíen a sus policías y se certifiquen”, dijo.

De este modo, la titular del poder ejecutivo tlaxcalteca reiteró que a los alcaldes solo les queda corresponder al compromiso del gobierno estatal en reforzar la seguridad en los municipios para así continuar con cifras bajas de incidencia delictiva en el Estado.