Diputada propone más tiempo para que ayuntamientos revisen su cuenta pública
Una semana más antes de ser enviada al Congreso dará tiempo a que los síndicos verifiquen los documentos
Por: Miguel Ángel Lara
La diputada Gabriela Hernández Islas propuso ante el Pleno del poder legislativo que se otorgue más tiempo para que los ayuntamientos revisen su cuenta pública trimestral antes de que sea entregada al Congreso.
La finalidad es que los documentos sean puestos a disposición del síndico municipal y este los revise y los valide con suficiente tiempo para evitar errores; la propuesta es que se amplíe el plazo de 3 a 10 días, considerando la complejidad técnica, financiera y administrativa que implica su integración.
Durante la sesión ordinaria de este martes, Gabriela Hernández propuso modificar la fracción XII (12) del artículo 41 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, en materia de cuentas públicas municipales.
En su exposición de motivos, la diputada argumentó que la reforma busca fortalecer los principios de legalidad, seguridad jurídica, eficiencia administrativa y máxima transparencia, permitiendo un análisis responsable y técnicamente sólido de la información financiera municipal, lo que contribuirá a mejorar la calidad de la rendición de cuentas y a consolidar un sistema de fiscalización más preventivo que sancionador.
“La propuesta tiene como finalidad ampliar el plazo para que la Cuenta Pública sea puesta a disposición del Síndico municipal para su revisión y validación, estableciendo que se realice cuando menos diez días hábiles antes de ser enviada al Congreso del Estado, en sustitución del plazo actual de tres días, considerado materialmente insuficiente frente a la complejidad técnica, financiera y administrativa que implica su integración”, expresó la legisladora local.
Del mismo modo, sostuvo que la intención es que se fortalezca la rendición de cuentas en los ayuntamientos y estos garanticen mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Tras su exposición, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, conforme al procedimiento legislativo establecido.
