Debe pagar 8 mdp el PRI o surtirá efecto embargo de instalaciones
- Tiene hasta 20 días para liquidar tres laudos condenatorios, en caso de que incumpla pasará a remate el edificio que alberga el tricolor, puesto que el inmueble equivale al monto de la demanda que interpusieron tres ex trabajadores
Isabel Polvo
Tras 10 años de litigio laboral el Partido Revolucionario Institucional (PRI) pierde tres demandas laborales por despido injustificado y las instalaciones que actualmente ocupa en Tlaxcala capital podrían ser embargadas en los próximos días, pues debe pagar un monto de 8 millones de pesos, recurso que se ha negado a liquidar por la falta de recursos financieros.
En conferencia de prensa Gerardo Sostenes Rodríguez Martínez, explicó que durante el periodo de Ubaldo Velazco, como dirigente del PRI, y sin justificación despidió a tres extrabajadores, por lo que los inconformes recurrieron a una demanda legal ante los tribunales, la cual recientemente les favoreció.
El fallo de los tres expedientes laborales se ejecuta a través de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado radica los siguientes expedientes CDT672/2011-4, a favor del trabajador Gerardo Sostenes Rodríguez Martínez; CDT422/2014-9 a nombre del trabajador René López Matlalcuatzi y CDT673/2011-5 de Lucia Angelica Escobar Rosas.
Derivado del fallo el PRI está obligado a pagar las prestaciones consistentes en salarios caídos, vacaciones, pago de horas extras, seguridad social es decir la alta al IMSS, prima vacacional y de antigüedad.
La cantidad millonaria que debe pagar el instituto político en un plazo de 15 a 20 días a los ex trabajadores, pero no ser así se rematará el edificio del PRI, puesto que su valor asciende a la cantidad que de laa tres demandas laborales, indicó el litigante.
Hasta ahora, el partido ha evitado dar cumplimiento al fallo, y al emplazamiento emitido por la Junta Local del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, para que acate el resolutivo.
Los demandantes se mantendrán a la espera de que le tricolor de una respuesta positiva y con ello liquidar a los ex trabajadores.
Y es que, el embargo fue trabado el 17 de enero de este año, por el actuario de la Junta Local del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, Zury Ilhuixatzi Portillo en las instalaciones del PRI, precisamente en el momento en que se registraban sus candidatos a diputados federales y senadoras por el PRI.
El litigante dejo en claro que no se trata de un proceso legal vinculado con tintes políticos, dado que en este momento el país y la entidad atraviesa por un proceso electoral, sostuvo tras exhibir el acta de embargo del PRI.
De modo que el PRI, no puede caminar con la bandera de honestidad, ni bienestar para la ciudadanía puesto que no respeta la ley, ni los derechos fundamentales de las personas y de los trabajadores.
